El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Penal, resolvió con contundencia la legalidad de las órdenes de interceptación de comunicaciones en medio de la investigación penal que involucra al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.

En una decisión clave para el desarrollo del caso, el alto tribunal concluyó que dichas medidas eran necesarias, “útiles y proporcionales”, aportando así un respaldo legal a la actuación de la Fiscalía General de la Nación en su investigación sobre presuntas irregularidades en contratos durante la gestión de Rendón como alcalde de Rionegro.

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En la resolución, la magistrada Yanet Liliana Martínez Palma, ponente del caso, expuso que la intervención de la F

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