La difusión de audios entre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez , y el premier Eduardo Arana ha desatado un nuevo escándalo en el Ejecutivo. En los registros, Santiváñez solicita gestiones a favor de Miguel Salirrosas, alias “El Diablo”, un expolicía vinculado a organizaciones criminales. Esta revelación ha abierto la puerta a imputaciones penales contra ambos altos funcionarios por presuntos delitos que van desde tráfico de influencias hasta peculado de uso.

Los especialistas consultados coinciden en que la situación de Santiváñez es la más grave, pues habría invocado su poder como ministro para favorecer intereses privados, lo que encaja con la figura de tráfico de influencias, delito sancionado con hasta ocho años de cárcel si es cometido por un funcionario público. Ademá

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