El debate político mexicano se enardece: acusaciones cruzadas entre partidos por vínculos con crimen organizado, corrupción y omisiones estatales dominan la agenda.

Mientras opositores denuncian compromisos inconfesos entre gobierno y estructuras criminales, el oficialismo responde con señalamientos de manipulación mediática, externalización del discurso y necesidad de pruebas concretas.

El caso Bermúdez, por ejemplo, no solo es penal, sino también paga costo político: quién lo nombró, quién supervisó, y qué papel tuvieron figuras institucionales en permitir su ascenso pese a advertencias previas.

La acusación de “narcodictadura” formulada por Alito también abre frentes: exige respuesta de Morena, de quienes lo rodean, y cuestiona la legitimidad de las instituciones encargadas de tran

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