Junts ha pactado con el Gobierno diversas modificaciones del proyecto de ley de atención al cliente para garantizar que se respeten “los derechos lingüísticos” de los mismos. Entre las enmiendas acordadas, que se deberán ratificar en ponencia, destaca la obligatoriedad de que los trabajadores de servicios de atención al cliente hagan cursos de catalán.

También se sustituirá el mandato de responder como mínimo en castellano por la obligación de hacerlo en cualquiera que sea la lengua oficial que haya usado el cliente. Esto aplica tanto a las comunicaciones verbales como escritas.

“Estas medidas suponen un cambio de paradigma, ya que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, sin que ello dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación”, ha apuntado los de Míriam Nogueras en un comunicado.

Estos cambios serán de obligado cumplimiento para cualquier empresa que tenga más de 250 trabajadores o más de 50 millones de facturación anual. Eso implica, entre otras, a compañías eléctricas y de suministros, las telefónicas, las aerolíneas, los servicios postales, los bancos, las aseguradoras o las plataformas de entretenimiento.