Junts per Catalunya ha acordado con el Gobierno que las grandes empresas que operen en España estén obligadas a atender a sus clientes en catalán siempre que así lo requieran. Este compromiso afectará a aquellas compañías que tengan más de 250 trabajadores en plantilla o una facturación que supere los 50 millones de euros.

"Se asegurarán de que los servicios de atención a la clientela estén dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones, y para garantizar los derechos lingüísticos independientemente de que dicho servicio sea prestado de forma directa o no", indica la enmienda presentada en el Congreso por el diputado de Junts Josep María Cruset.

Se trata de una enmienda presentada por el partido dirigido por Carles Puig

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