El Gobierno y Junts han pactado este martes una nueva reforma legal que podría obligar a las grandes empresas con servicios de atención al cliente a atender en catalán independientemente de que estén o no ubicadas en Cataluña.

La norma afectará a trabajadores de servicios de atención al cliente de empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general.

Podría afectar, entre otras, a empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, servicios financieros o aseguradoras.

Se acuerda así la formación obligatoria del catalán para las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente en las empresas expue

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