“Por favor. Estoy desesperada. Necesito que me ayuden”. Con estas palabras, Micaela Ramos, madre de Alfonsina y Francisco, hacía días atrás un llamado urgente a su comunidad en una ciudad del interior del Uruguay para dar con el paradero de sus hijos: el padre, denunciado por violencia de género y que por orden judicial no podía acercarse a ella, había entrado en su casa y se los había llevado a la fuerza.

Menos de 24 horas después, la Policía halló los cuerpos de los niños de dos y seis años y el de su padre, Andrés Morosini, sumergidos en un arroyo, dentro del auto rojo en el que los había secuestrado. El veredicto de la Fiscalía fue inequívoco. El hombre de 28 años los había matado, en un episodio de violencia vicaria que reavivó un debate en un país donde, detrás de una fama de paz y

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