Consideran que las medidas de 8 años no responden a la magnitud de los secuestros ni garantizan verdad plena.

La Jurisdicción Especial para la Paz anunció sus primeras sanciones contra siete exintegrantes del último secretariado de las FARC por más de 21.000 casos de secuestro.

La decisión contempla penas de ocho años de trabajos y compromisos restaurativos, lo que generó malestar y críticas entre las víctimas del conflicto armado.

Algunos afectados reconocen que la medida podría representar un avance en términos de no repetición.

Sin embargo, otros consideran que el castigo es insuficiente y que la justicia no se está aplicando con la severidad necesaria.

“El perdón no reemplaza la justicia”

Óscar Tulio Lizcano, quien permaneció secuestrado en 2001, aseguró que la resolución

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