El 10 de abril de 2024 se presentó ante la opinión pública una iniciativa de referendo constitucional orientada a transformar el modelo de asignación y gestión de recursos en Colombia. La propuesta, que buscaba modificar el artículo 298 de la Constitución Política, fue impulsada por líderes nacionales y regionales, quienes, junto con la ciudadanía, promovieron una apuesta por el desarrollo territorial autónomo y diferenciado, con el propósito de garantizar que la inversión pública respondiera de manera directa y eficaz a las necesidades concretas de cada departamento.
Durante décadas, el centralismo fiscal ha configurado un esquema inequitativo en la distribución de los tributos, desatendiendo la heterogeneidad de los territorios y los retos propios de cada región. Bajo el modelo vigente,