Las recientes sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han generado un intenso debate en Colombia. Tanto políticos como víctimas del conflicto han expresado su descontento. A pesar del impacto mediático de los fallos, la controversia ya era previsible debido a los lineamientos de los acuerdos de paz de La Habana.

Las sentencias son de carácter restaurativo. Esto significa que los condenados no irán a prisión, sino que enfrentarán restricciones de movilidad y deberán realizar trabajos sociales en las regiones donde cometieron los crímenes. Estas tareas se llevarán a cabo durante un periodo de cinco a ocho años, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan y el Gobierno nacional apruebe los recursos necesarios, algo que está en duda por la crisis fiscal actual.

El vocero de la JEP destacó que, en el caso de los exguerrilleros, muchos de ellos superan los 65 años, por lo que las sanciones deben respetar su salud e integridad. Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP, explicó que más del 90% de los comparecientes están colaborando con la verdad y reconociendo sus responsabilidades, mientras que solo unos pocos optan por un proceso adversarial que podría llevar a prisión.

Sin embargo, la lectura de los fallos ha reabierto heridas del pasado. Algunas víctimas del conflicto se han sentido burladas y no reparadas. Además, sectores de la derecha política han criticado duramente las decisiones de la JEP. En respuesta a estas críticas, el expresidente Juan Manuel Santos defendió las sentencias, recordando que fueron parte de un compromiso del Estado para lograr la paz.

"Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable", afirmó Santos.

Santos también destacó que es un avance que el exsecretariado haya sido declarado culpable del delito de secuestro, aunque no se refirió al tiempo que tomó llegar a esta decisión, que fue de siete años. "Por primera vez en la historia, quienes empuñaron las armas durante medio siglo y secuestraron a miles de colombianos, son declarados responsables", concluyó.