“Mi hijo ha salido con plomo en la sangre y mañana nos pueden dejar en la intemperie”, denunció Marisol Caro Salazar, una de las últimas moradoras de la antigua Morococha. Su familia y otras enfrentan este viernes 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana un desalojo calificado como irregular, dispuesto por el Juzgado Civil de La Oroya, a pedido de la minera china Chinalco para ampliar el proyecto de extracción de cobre Toromocho.

El fallo judicial autoriza incluso el descerraje de viviendas y dejar en la calle los enseres de las familias, con el uso de la fuerza pública de al menos 30 policías.

Los moradores temen quedar en la intemperie, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, sin que el Estado ni la empresa les aseguren un techo. “Nos han cortado la luz desde noviembre de 2019;

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