Una reforma en ciernes que incluiría traslados y relevos de fiscales de amplia experiencia representa hoy el riesgo de que el Estado colombiano pierda el control de cerca de 1.500 bienes por $3,5 billones intervenidos a las antiguas autodefensas y a otros grupos armados ilegales.

Funcionarios de la antigua Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y otras fuentes próximas a la Dirección de Justicia Transicional de la misma entidad explicaron, pidiendo expresamente no ser citados por sus nombres, que la idea de la Fiscal general, Adriana Camargo , sería trasladar a por lo menos cinco de los nueve fiscales especializados en el tema, con lo cual los que se quedan quedarían sobrecargados.

El traslado sería un punto de avanzada para que en el futuro cercano los procesos queden a cargo de otra

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