La Ciudad de México se prepara para implementar nuevas regulaciones tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, que dejó 13 muertos y numerosos heridos el pasado 10 de septiembre. La secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa, anunció que la próxima semana comenzarán mesas de trabajo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para establecer un Protocolo de Regulación y Supervisión de Vehículos de Reparto y Distribución de Gas en la capital.

Este protocolo definirá rutas, horarios de ingreso, carga y descarga, así como límites de seguridad para los vehículos que transportan gas. A pesar de que la pipa no transitaba por una vía prohibida, la tragedia ha evidenciado la necesidad de regular su circulación. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que el accidente fue causado por el exceso de velocidad del conductor, quien permanece en estado crítico bajo custodia, aunque no está detenido.

La fiscal Bertha Alcalde indicó que la investigación penal sigue en curso, enfocándose en tres delitos: homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos. Se han registrado más de 90 afectados por la explosión, y se busca garantizar una reparación integral del daño, aunque existe preocupación sobre si las pólizas de la empresa propietaria de la pipa cubrirán todos los costos.

En cuanto a la situación de los heridos, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, reportó que 30 personas han sido dadas de alta, mientras que 40 continúan hospitalizadas, 17 de ellas en estado grave. Hasta el momento, se han entregado 68 apoyos económicos iniciales a las familias afectadas: 20 mil pesos para quienes tienen a un familiar hospitalizado y 50 mil pesos para las familias que han perdido a un ser querido. Sin embargo, los funcionarios aclararon que estos apoyos son temporales y no sustituyen la indemnización que deben recibir por parte de las pólizas de seguro de la empresa responsable.