La reciente ofensiva de la fiscal de la nación Delia Espinoza, al desafiar a la facción fujimorista del Congreso solicitando la ilegalidad de Fuerza Popular luego de resistir una resolución de la JNJ que buscaba reponer a Patricia Benavides y que ahora va nuevamente por ella, es apenas la última escaramuza de esta guerra interminable que se libra desde el 2016 en las entrañas del Estado. Es una guerra civil institucional donde la ciudadanía segundo plano y el objetivo es aniquilar o neutralizar al adversario para garantizar la propia supervivencia. No es un “juego democrático”. Es una guerra de muchas batallas.

Este conflicto permanente, sin balas, hasta el momento, pero que hace crujir nuestra democracia, librado sin cuartel, es jurídicamente caníbal porque las instituciones enfrentadas

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