El octavo retiro extraordinario de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido aprobado por el Gobierno de Dina Boluarte, permitiendo a los peruanos retirar hasta cuatro unidades impositivas tributarias, equivalentes a 21,400 soles. Esta medida, que comenzó en 2020 como respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, ha generado un creciente descontento entre la población debido a las preocupaciones sobre la seguridad social en el país.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), ha expresado su preocupación, afirmando que este nuevo retiro "está matando" la esencia del sistema de jubilación. Velarde advirtió que la falta de financiamiento para bonos de largo plazo podría llevar a una situación en la que los futuros jubilados no cuenten con fondos suficientes. "Va a tener que generarse después algún incentivo para que gente mayor que ha utilizado recursos de jubilación pueda trabajar más fácilmente en el futuro", agregó.

El descontento ciudadano se centra en la percepción de que el sistema privado de pensiones no garantiza una "pensión digna", especialmente para quienes perciben un salario mínimo de 1,130 soles. Aunque la nueva reforma establece una pensión mínima de 600 soles mensuales tras 20 años de aportes, este monto podría resultar insuficiente debido a la inflación y el aumento del costo de vida.

Desde Nueva York, Jaime Reusche, economista de Moody’s, advirtió que los retiros han dejado a los trabajadores de menores ingresos sin fondos, y que los últimos desembolsos han beneficiado principalmente a quienes tienen mayores ingresos. Reusche destacó que esto afecta el nivel de ahorros para las pensiones y el mercado de capitales, lo que podría agravar el déficit fiscal del Gobierno peruano.

El economista Enrique Castellanos criticó la falta de análisis técnico en la aprobación del nuevo retiro, señalando que el sistema ha perdido legitimidad y que la percepción pública de las AFP es negativa. Castellanos sugirió que el sistema debería abrirse a más competidores para mejorar la confianza de los ciudadanos.

Por su parte, Alejandro Indacochea, también economista, consideró que las AFP no han sabido comunicar adecuadamente cómo funciona el sistema previsional privado. Indacochea propuso que, en lugar de realizar cambios inmediatos, se debería esperar hasta después de las elecciones generales de 2026 para discutir reformas más profundas.

Ambos economistas coincidieron en la necesidad de un sistema de ahorro forzoso y en la posibilidad de crear cuentas de ahorro intangibles en los bancos, que no puedan ser tocadas hasta la jubilación. Esta propuesta busca ofrecer una alternativa viable para los trabajadores, evitando que se comprometan sus ahorros para el futuro.