La comisión asesora del PRIVA, un plan de la Conferencia Episcopal Española para ofrecer reparación a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica, ha recibido 89 denuncias en su primer año. De estas, 32 están relacionadas con diócesis y 57 con congregaciones religiosas. Sin embargo, solo 39 casos han sido resueltos hasta ahora. Las propuestas de reparación incluyen compensaciones económicas que oscilan entre 3.000 y 100.000 euros, dependiendo de la gravedad y las circunstancias de cada caso.

La Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) ha calificado estas indemnizaciones de "ofensivas", argumentando que minimizan el daño sufrido por las víctimas. Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR, cuestiona los criterios utilizados para determinar las cantidades ofrecidas. "Nos tendrían que explicar qué casos de abusos sexuales a menores se merecen una cuantía de 3.000, de 10.000, de 25.000 euros", afirma Cuatrecasas, quien ha estado buscando justicia para su hijo, víctima de abusos por parte de un profesor del colegio Gaztelueta, del Opus Dei.

A pesar de que el Vaticano expulsó al agresor en marzo, Cuatrecasas lamenta que no se hayan depurado responsabilidades y que su hijo aún esté tratando de recomponer su vida. Tras conocer el balance de la comisión PRIVA, que está compuesta por especialistas independientes, Cuatrecasas critica la actitud de la Conferencia Episcopal hacia las víctimas, señalando que restar importancia a ciertos casos es una nueva ofensa. "Es vergonzoso y, desde luego, condenable", asegura.

ANIR también plantea interrogantes sobre el proceso de indemnización. Preguntan cuántas víctimas rechazaron la compensación, cuántas no acudieron por desconfianza hacia la Iglesia y cuántas no recibieron la indemnización a pesar de presentarse. "Según ellos, ninguna víctima ha rechazado la indemnización y sabemos que ese dato no es cierto", afirman desde ANIR.

El Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso atiende casos prescritos o en los que el agresor ha fallecido. La solicitud de reparación se tramita a través de un formulario disponible en la web ‘Para dar Luz’. La propuesta de compensación se remite a la autoridad eclesiástica correspondiente, y si esta no puede ejecutarla, la responsabilidad recae en la Conferencia Episcopal Española o en la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Cuatrecasas sostiene que la Conferencia Episcopal ha dilatado la aplicación de medidas efectivas y se niega a cumplir con las reivindicaciones de las víctimas. A pesar de las reuniones mantenidas con varios presidentes de la Conferencia Episcopal, las propuestas no se han implementado ni considerado. Cuatrecasas concluye que la negación de la verosimilitud de algunos casos por parte de la Iglesia es una falta de principios y humanidad, contraria a los valores cristianos que la institución dice representar.