El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó en agosto de 2025 una política que permite a sus oficiales considerar si los solicitantes de ciertos beneficios migratorios han expresado opiniones consideradas “antiamericanas”.

“La actividad antiamericana será un factor abrumadoramente negativo en cualquier análisis discrecional”, se lee en el comunicado de USCIS.

La medida ha generado debates sobre los límites entre la seguridad nacional y la libertad de expresión.

La política autoriza a los oficiales a evaluar si un solicitante “respaldó, promovió, apoyó o expresó” creencias vinculadas a organizaciones terroristas o a acciones que busquen socavar el modo de vida estadounidense, según dijo Joseph Edlow, director de USCIS, en una entrevista con Associated Pre

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