El Tribunal Superior de Bogotá ha designado a tres magistrados para revisar la apelación presentada por la familia Uribe Turbay. Esta apelación se interpuso contra la condena de siete años de prisión impuesta a ‘Tianz’, el menor que intentó asesinar al precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Iván Uribe Turbay.

El magistrado Mario Gómez Mahecha será el ponente del caso, acompañado por sus colegas José Antonio Cruz y Nubia Burgos. La apelación surge tras las declaraciones del abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del fallecido congresista, quien expresó que, aunque respeta la decisión judicial, no la comparte. Mosquera argumentó que la sanción no compensa el daño infligido a los hijos, esposa, hermanos y padre de la víctima, quien falleció el 11 de agosto.

La defensa del menor ha criticado la Ley de Infancia y Adolescencia, afirmando que "incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo". Además, cuestionaron que la pena impuesta no se equipara con la vida que se perdió ni con el dolor causado a la familia de Uribe Turbay.

Los magistrados ahora deberán evaluar si existen fundamentos suficientes para modificar la pena del menor, quien fue detenido tras dispararle a Uribe Turbay. El menor admitió su participación en los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El ataque ocurrió el 7 de junio durante un mitin político en el parque El Golfito, en Bogotá, y fue grabado en video.

La investigación reveló que el menor fue contactado y persuadido para llevar a cabo el ataque. En el día del atentado, llegó a Modelia, Fontibón, en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González y recibió una pistola Glock 9 mm de Elder José Arteaga Hernández, conocido como Chipi.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ha determinado que el menor quedará bajo la custodia del ICBF. Sin embargo, desde el Centro Democrático se ha señalado que la decisión es demasiado indulgente, considerando la gravedad del atentado. Gabriel Vallejo, director del movimiento político, afirmó: "Una sociedad que no sanciona realmente a quien comete el delito, es un mal mensaje". Vallejo también criticó que una pena de siete años por un magnicidio sea "una completa vergüenza".

El menor recibió beneficios en su condena por confesar su responsabilidad en varios delitos y proporcionar información clave para la captura de otros implicados en el plan criminal.