El sistema de verificación policial del automotor en Córdoba fue, hasta hace pocas semanas, el centro de una fuerte polémica. A principios de agosto, este medio expuso el descalabro que significaba la existencia de un circuito paralelo al oficial, donde algunos policías adicionales cobraban por realizar el trámite “fuera de planta”.

La tarifa se repartía entre el verificador, los gestores o las concesionarias, en un mecanismo que estaba formalmente habilitado por la Provincia pero que abría la puerta a la especulación.

Las cifras en pesos eran altas en comparación con los costos en planta.

Mientras que el costo oficial del trámite rondaba los 13 mil pesos más el formulario 12 (que se conseguía a valores de entre 20 mil y 22 mil pesos), en el sistema paralelo los conductores podían llega

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