Hace un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos porque vulneraba los derechos del pueblo saharaui al no tener en cuenta el principio de autodeterminación. Poco después se conoció que el Consejo de la UE restringía el acceso a la  documentación en la que aborda las consecuencias de esa resolución  de la justicia europea, sin que se pueda saber la reacción de la UE ante el varapalo judicial. Este lunes se ha hecho público que la Comisión Europea busca redefinir el acuerdo comercial con Marruecos “siguiendo la legalidad internacional”, pero según la documentación obtenida por el grupo de investigación Western Sahara Resource Watch (WSRW), “el documento revela cómo la Comisión está tratando de que se apruebe un nuevo acuerdo comercial para los productos procedentes del territorio ocupado, en violación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace un año”.

Según la documentación, se establece una base jurídica para la concesión de preferencias arancelarias a los productos originarios del Sáhara Occidental y se asegura la identificación de estos productos al importarlos a la UE. El Acuerdo admite que el etiquetado de los productos del sector de las frutas y hortalizas originarios del Sáhara Occidental están sujetos a controles por parte de las autoridades aduaneras marroquíes.

Además, la Comisión añade que el acuerdo no crea obligaciones para el pueblo saharaui y garantiza que reciba un beneficio específico de la explotación de los recursos naturales de dicho territorio. Así se prevé “un mecanismo de control regular que permite verificar si el beneficio concedido al pueblo saharaui en virtud de dicho acuerdo es efectivamente percibido por dicho pueblo”.

Sin embargo, los activistas de WSRW alegan que “diez sentencias del TJUE no dejan lugar a dudas: el Sáhara Occidental es un territorio ”separado y distinto“ de Marruecos, y solo el pueblo saharaui puede consentir acuerdos que afecten a su tierra y sus recursos”. 

En cuanto a los “beneficios”, el borrador “sugiere canalizar el dinero de los contribuyentes de la UE hacia proyectos de infraestructura en el territorio ocupado que están en la lista de intereses económicos prioritarios de Marruecos”, según WSRW, junto con la promesa de un aumento de la ayuda humanitaria de la UE a los campamentos de refugiados saharauis.

“Lo más inquietante de todo es que el pueblo saharaui, reconocido tanto por la ONU como por el TJUE como legítimo titular del derecho a la autodeterminación, ha sido una vez más excluido por completo. Marruecos, que no tiene soberanía ni autoridad administrativa sobre el Sáhara Occidental, se posiciona como el único socio de la UE para negociar, firmar, aplicar y supervisar el acuerdo. Esto perpetúa la práctica habitual de la UE de ignorar a las mismas personas cuyos derechos, según insiste el Tribunal, deben respetarse”, apuntan desde WSRW.