**La Fiscalía Excluye Delitos en el Caso de Begoña Gómez** La Fiscalía ha decidido no considerar como un negocio particular el trabajo de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esto se enmarca en la investigación que la involucra por un presunto delito de malversación. El Ministerio Público ha expresado sus dudas sobre la solidez de la investigación, que, según ellos, se caracteriza por la acumulación de imputaciones sin pruebas contundentes. El fiscal ha apoyado el recurso presentado por la defensa de Gómez ante la Audiencia Provincial. La causa se centra en la contratación de su asesora en Moncloa y si esta, al recibir fondos públicos, realizó funciones relacionadas con la cátedra que Gómez codirigió. En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía sostiene que no hay pruebas que respalden la acusación de malversación. Además, argumenta que si se considerara delictivo el nombramiento de la asesora, sería incoherente limitar el análisis al año 2018, sin considerar otros periodos no prescritos. El fiscal afirma que “nada apunta” a que Cristina Álvarez, asistente de Gómez, haya recibido un salario público sin realizar funciones efectivas. También se indica que no hay indicios de perjuicio económico para la Administración por un posible exceso en las atribuciones de Gómez. Entre 2012 y 2022, Begoña Gómez recibió un total de 34.314 euros de la UCM, de los cuales 9.131 euros fueron abonados antes de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia. En relación a la cátedra, los ingresos fueron de cero euros, lo que, según el fiscal, demuestra que no se puede hablar de lucro sospechoso. La investigación patrimonial sobre Gómez no ha revelado pagos opacos ni enriquecimiento injustificado. Además, la Fiscalía ha rechazado la existencia de indicios de malversación respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sugiriendo que su imputación debería haberse levantado de oficio tras el fallo del Tribunal Supremo. El Ministerio Público ha criticado la “improcedencia” del supuesto delito de corrupción en los negocios, uno de los ejes iniciales de la investigación. Asegura que la instrucción no ha definido claramente en qué hechos se basaría esa acusación. En cuanto a otra pieza de la investigación sobre una supuesta apropiación de software desarrollado en la cátedra, la Fiscalía ha negado que existiera tal intención, afirmando que “no se ha apropiado de ningún software” y que las creaciones eran propiedad de la UCM. Finalmente, la Fiscalía también ha descartado la posibilidad de intrusismo profesional por parte de Gómez en la elaboración de un pliego de condiciones técnicas, señalando que la firma correspondía a un responsable de la cátedra y que no hay elementos que sugieran un delito. En conclusión, los hechos podrían ser calificados, en el peor de los casos, como una falta administrativa.