El falso “síndrome posaborto” apoyado por Almeida y el rechazo a su blindaje constitucional siguen la senda de la derecha española desde la despenalización parcial de 1985, mientras Feijóo ha optado por no fijar posición oficial dentro del partido

Ni aborto ni eutanasia ni gestación subrogada: Feijóo evita temas polémicos en la ponencia ideológica del PP

Si por el Partido Popular fuera, hoy el aborto no sería un derecho legal y despenalizado en España. La derecha siempre se ha opuesto a los avances hacia el actual marco que rige la interrupción voluntaria del embarazo. Desde la Alianza Popular (AP) fundada por el que fuera ministro franquista Manuel Fraga, que se opuso en los años 80 del siglo pasado a la antigua ley de supuestos, a los actuales intentos del PP y Vox de impedir o dificultar que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo ante la constatación de que la sociedad no acepta retrocesos en esta materia. Incluso ponen en duda que sea “un derecho”, precisamente cuando el Gobierno ha propuesto este mismo viernes blindarlo en la Constitución.

España legalizó el aborto en 1985, aunque solo en tres supuestos muy concretos. Fue la primera victoria de una larga batalla de las mujeres para que se reconociera el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo. Primera batalla porque aquella ley, aprobada por un Congreso con la mayoría absoluta más amplia nunca lograda en España (el PSOE logró 202 diputados en 1982), no despenalizó completamente el aborto. Determinó que sería legal en algunos casos (malformaciones del feto y riesgo para la mujer). Pero la interrupción del embarazo seguía tipificada en el Código Penal.

La derecha española lanzó una durísima campaña contra esta primera legalización parcial del aborto. AP votó en contra, movilizó a sus bases y llevó la norma al Tribunal Constitucional. La sentencia que dio el visto bueno a la ley llegó ese mismo año.

La sociedad española había asumido la norma mucho antes, y tanto a la AP de Fraga como a su heredero, el Partido Popular de José María Aznar, no les quedó más remedio que asumir la posición mayoritaria.

A regañadientes, eso sí. Cuando la derecha alcanzó el poder, en 1996, no tocó el aborto. Pero se extendieron las cortapisas a su ejercicio, como favorecer la “objeción de conciencia” de los médicos y hacer casi imposible ejercer el derecho a la interrupción del embarazo en la sanidad pública, lo que derivó en mujeres que debían pagarse clínicas privadas o, directamente, acudir a operaciones clandestinas.

Hoy sigue habiendo comunidades que incumplen con el derecho al aborto. Hay cinco regiones españolas donde no se practican ni 50 interrupciones del embarazo al año, según los últimos datos hechos públicos. En 2023, la proporción entre sanidad pública y privada fue de 1 a 5 a favor de esta última.

Agitación popular en la oposición

La legislación del aborto se mantuvo estable desde 1985 hasta 2010. 15 años en los que el PP torpedeó el derecho sin tocar la ley. Pero el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abordó una reforma clave en la norma: pasar de la ley de “supuestos” a la ley de “plazos”. El movimiento supuso la despenalización ‘de facto’ del aborto y eliminar ciertas trabas al ejercicio del derecho. Las mujeres ya no tendrían que justificar su decisión, simplemente reclamarla.

La reforma comenzó a fraguarse unos años antes. En 2009, el PP estalló contra la nueva ley que impulsaba la que fuera primera ministra de Igualdad, Bibiana Aído. El ya expresidente José María Aznar aseguró ese año que la ley de supuestos era “legislación de consenso”. Una afirmación falsa. La ley de 1985 salió con 187 votos a favor, 109 en contra y 12 abstenciones, muy lejos del “consenso”. Aznar, que no lideraba el PP y que además tenía diferencias notables con su sucesor, Mariano Rajoy, afirmó desde el púlpito de la fundación Faes que “el aborto no es ni puede ser nunca un derecho” porque “lo que sí es un derecho es el derecho a la vida”, y arremetió contra uno de los elementos clave de la reforma de 2010: que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin el permiso de sus padres.

Para el todavía líder espiritual de la derecha, despenalizar el aborto era entonces “simple y llanamente, retroceder en el camino de la civilización” y “avanzar en el camino que lleva a destruir el derecho a la vida y pervertirlo en un falso derecho”. En la misma época se pronunció la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien sostuvo que por aquel entonces la sociedad no demandaba “una nueva ley”. “Es algo que el PSOE ha sacado por interés político”, aseguró. Una declaración que bien podría firmar hoy su sucesor en el cargo, Miguel Tellado.

Cospedal lamentó que Aznar no hubiera tocado la ley en su momento para “haber establecido más garantías” algo de lo que, afirmó, solo se percataron cuando ya estaban de vuelta a la oposición: “En los últimos cuatro años es cuando se ha visto con más claridad que la ley podía mejorarse, con las clínicas abortistas y las prácticas fraudulentas que han aparecido”.

Ese 2009 se celebraron elecciones europeas, y el PP presentó al declarado antiabortista Jaime Mayor Oreja, quien tampoco forzó la modificación de la ley cuando estuvo en el Gobierno con Aznar. En la campaña, el partido sostuvo que asimilar la ley española a la europea para introducir los plazos era “totalitario”. La derecha anegó las calles de protestas contra la ley, con el apoyo de la Conferencia Episcopal y las declaraciones entonces desconocido experto llamado Benigno Blanco. Por entonces presidente del llamado Foro de la Familia, Blanco presumía de vender camisetas por miles en las manifestaciones que convocaba y a las que asistía la entonces oposición. Blanco es hoy miembro de la llamada la Fundación RedMadre, dedicada a intentar que las mujeres no ejerzan libremente su derecho. Y para ello recibe ingentes subvenciones públicas.

La caída de Gallardón

En aquellas manifestaciones la presencia oficial del PP fue testimonial. El partido era consciente de que el debate social estaba perdido, y la incipiente crisis económica que empezaba a azotar España era mucho mejor munición de oposición que oponerse al aborto. Mariano Rajoy ordenó elevar la ley ante el Tribunal Constitucional. El encargado de dirigir el recurso fue el exministro Federico Trillo, reconocido integrante del Opus Dei. “Estamos, por lo tanto, ante el reconocimiento de un derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta de embarazo, lo que resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que ”todos tienen derecho a la vida“, escribió en el recurso.

A finales de 2011 el PP recuperó el poder. Y por mayoría absoluta. Rajoy puso al frente del Ministerio de Justicia a un declarado antiabortista, Alberto Ruiz-Gallardón. A él le encomendó una reforma de la ley del aborto para, básicamente, volver al sistema de 1985 que ellos mismos y sus progenitores habían rechazado. Gallardón ideó una ley más restrictiva que la de 1985. Por ejemplo, eliminaba las malformaciones del feto como supuesto aceptable para abortar, y exigía más informes médicos para justificar las motivaciones que se mantenían. El Gobierno y el PP se dividieron. Soraya Sáenz de Santamaría defendía mantener la legislación de 2010 y esperar al recurso. Gallardón y los más ultras, modificar la ley aprovechando su mayoría absoluta. Rajoy dejó hacer, como solía.

La calle giró y la contestación social contra la contrarreforma de Gallardón adquirió tal intensidad que Rajoy tuvo que tomar una decisión: retirar el proyecto. Era 2014 El exalcalde de Madrid que tanto había soñado con dar el salto a la política nacional dimitió y dejó la política. No llevaba ni dos años en el cargo. Al año siguiente nació un partido plagado de exmilitantes del PP: Vox. Ese mismo 2015, el Gobierno de Rajoy aprobó una leve reforma para obligar a las chicas de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus progenitores para el aborto, algo que no ocurre con ninguna otra operación quirúrgica.