**EE.UU. ataca a la red del Cártel de Sinaloa: sanciones masivas**

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a ocho mexicanos y 12 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como "Los Chapitos". Esta acción se enmarca en un esfuerzo por desmantelar las redes que suministran precursores químicos para la producción de fentanilo ilícito, un opioide que ha causado más de 500,000 muertes en el país en los últimos años.

John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, destacó que "detener el flujo mortal de drogas hacia nuestro país es una prioridad de seguridad nacional". Las sanciones afectan a la empresa química Sumilab S.A. de C.V., ubicada en Culiacán, Sinaloa, y a sus propietarios, quienes han continuado sus operaciones a pesar de sanciones anteriores. Utilizando nuevas razones sociales y prestanombres, han seguido enviando químicos al cártel.

Entre las empresas sancionadas se encuentran Agrolaren, Favelab, Favela Pro (Fagalab), Qui Lab, Storelab y Macerlab, todas operando en el norte de México y supuestamente dedicadas a la venta de insumos para laboratorios clandestinos. El gobierno estadounidense ha señalado que esta red opera bajo la dirección de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes son considerados fugitivos y lideran la fracción del cártel responsable del tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Además de la familia Favela López, también fue sancionada Martha Emilia Conde Uraga, alias "Martita", quien actúa como intermediaria química del cártel. Ella gestiona varias empresas desde Culiacán, incluyendo Prolimph Químicos en General y Comercial Viosma del Noroeste. Las sanciones bloquean todos los activos de las personas y empresas designadas en Estados Unidos, prohíben cualquier transacción financiera con ellas y requieren que se reporten sus bienes a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

El Tesoro ha advertido que violar estas disposiciones puede resultar en sanciones civiles y penales para ciudadanos estadounidenses y extranjeros que colaboren con los designados. Esta acción es parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para desmantelar las redes financieras del narcotráfico, con el objetivo de inducir un cambio de comportamiento y cortar el flujo de recursos hacia las organizaciones criminales. La colaboración entre agencias como la DEA, el FBI y Aduanas y Protección Fronteriza ha sido fundamental para rastrear las operaciones del cártel en ambos lados de la frontera.