Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea había anunciado cautelosamente que el Colegio de Comisarios analizó la propuesta de ofrecer préstamos a Ucrania “empleando los activos rusos congelados”, pero que “serían devueltos si Rusia paga las reparaciones”. ¿Y si no? ¿Y si Rusia no paga?
“Cherchez la femme, cherchez l’argent!”, recomiendan los franceses, parafraseando a Alejandro Dumas (padre). En el caso que nos ocupa ahora y que nos seguirá preocupando en el futuro imperfecto que se nos avecina, también hay que buscar a la mujer, Ursula von der Leyen, y el dinero, los activos financieros del Banco Central de Rusia que se encuentran depositados en entidades financieras dentro del territorio de la Unión Europea.
Y es el Consejo Europeo el que está debatiendo el tema, esta y las próximas tres semanas, con contradicciones en su seno. Por un lado, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen —la “femme”— parece azuzar el avispero en contra de la opinión de sus propios expertos. No se aclaran o no se enteran. O son simples proclamas políticas. La UE se puede encontrar con un problema porque “el dinero del banco central ruso no se toca”.
Así lo declaró la entonces secretaria del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Janet Yellen, en la reunión de mayo del 2023 en el G7, afirmando que “no es legal incautarse de bienes oficiales rusos”. Y añadía que “EEUU no tiene autoridad legal para confiscar los activos del Banco Central ruso congelados debido a su invasión de Ucrania”. Y esto fue en tiempos del belicista Joe Biden… ¡Ni EEUU se atreve!
Del otro lado tenemos los 200.000 millones de dólares en activos financieros rusos congelados en territorio europeo —“l’argent”—. El Parlamento Europeo viene pidiendo desde la primera legislatura de Von der Leyen que se confisquen y se destinen a la guerra de Ucrania. Hace un año aprobó una Resolución en la que reiteraba sus llamamientos a la UE para que adopte “tantas sanciones como sean necesarias” y establezca un régimen jurídico sólido “para la confiscación de los activos rusos de titularidad estatal inmovilizados por la Unión”. Y aquí está la clave. No hay un régimen jurídico que lo sostenga, no hay una base legal sólida.
El Consejo Europeo también ha venido apoyando esta propuesta, aunque en la reunión informal que se ha celebrado en Copenhage no se han puesto de acuerdo. Francia y Luxemburgo han liderado la oposición a la propuesta de confiscar el dinero ruso. De Luxemburgo, nuestra “Suiza” comunitaria, se esperaba. ¿De Macron…? Bueno, debe haber recibido alguna llamada desde la City de Londres de sus padrinos los Rosthchild. En todo caso, hace año y medio ya lo pusieron en cuestión, cuando se decidió que se contabilizarían por separado los ingresos extraordinarios, respecto de los activos rusos inmovilizados, al tiempo que aclaraba la “prohibición de esas operaciones”.
Pero el quid de la cuestión está en la propia Comisión Europea. No hace ni una semana que uno de sus expertos, el DG John Berrigan, en un acto organizado por el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, lo explicaba de forma sucinta: “La confiscación de los fondos violaría el derecho internacional y entrañaría el riesgo de represalias por parte de Moscú”. Berrigan, irlandés, no es cualquiera. Hace casi 30 años que trabaja para la Comisión Europea, hoy en el cargo de Director General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercado de Capitales.
Y Berrigan advirtió que “la confiscación contravendría la inmunidad soberana de los activos, y podría amenazar la estabilidad financiera mundial” ya que gozan de inmunidad soberana. Así lo corroboró también la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Y añadió que, “una vez que se rompe, se rompe para todos los países”. Porque el tema va de legalidad nacional e internacional (Naciones Unidas), que lo prohibe, y de la credibilidad de la Unión Europea, de su fiabilidad ante los mercados financieros a nivel global.
Por ello, recientemente, la presidenta de la Comisión Europea había anunciado cautelosamente que el Colegio de Comisarios analizó la propuesta de ofrecer préstamos a Ucrania “empleando los activos rusos congelados”, pero que “serían devueltos si Rusia paga las reparaciones”. ¿Y si no? ¿Y si Rusia no paga?
El problema no está en la condicionalidad. Porque a este juego, jugamos todos. El problema es que, si tú me los quitas, pues yo a ti también. Y ya ha pasado. Que le pregunten al gigante estadounidense J.P. Morgan. Aquí no se le ha dado publicidad, pero el gigante fondo de inversiones ya sabe lo que es que le congelen los activos en Rusia. Y, en este caso, había causa legal, porque había una batalla judicial de por medio. Un tribunal ruso congeló casi 440 millones de dólares de fondos del banco estadounidense en concepto de las acciones provisionales por una demanda del banco ruso VTB contra las entidades rusas de J.P. Morgan en Rusia. Más 200.000 en cautelares por las costas. Por si acaso.
¿Y al otro lado del telón de acero? Bajo una lluvia de drones y un simulacro general de ataque de misiles, Rusia prepara un plan para nacionalizar y vender activos de propiedad extranjera si la Unión Europea utiliza los activos de Moscú congelados. Vladímir Putin acaba de firmar un Decreto por el que Moscú puede ahora acelerar la venta de empresas nacionales y extranjeras en tan sólo 10 días. Por si acaso…