Reconocidos jueces asociados a Jueces y Juezas para la Democracia dan por hecho que la «Agenda Bolaños» o el conjunto de reformas que anunció que va a impulsar se estrellará contra un muro y no saldrá adelante, en buena medida debido a las formas y maneras, de «confrontación» «falta de cintura» y «autismo» que emplea a la hora de enfocar los asuntos judiciales el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños .

Entre quienes critican a Bolaños, hay quienes admiten que «había que modernizar la Justicia, sí, pero no se puede hacer todo de espaldas a la mayoría del Poder Judicial y yendo de forma apresurada y a la confrontación».

Incluso para los jueces progresistas es toda una «provocación» que la Ley Bolaños, que pretende reformar el acceso de los jueces a la Administración de Justicia, pretendiese inicialmente, en el Anteproyecto de Ley, ampliar a «titulaciones equivalentes al Grado de Derecho» el acceso a la carrera Judicial. El colectivo judicial entendió esa redacción como la intención del Gobierno de convertir en jueces a quienes ni siquiera estudiaron el Grado de Derecho y la alarma llegó incluso al Consejo de Estado, cuya Comisión Permanente, de clara mayoría progresista, enmendó el anteproyecto, señalando como cuestión esencial y de obligada enmienda ese punto.

En todo caso, y con enmiendas incluidas, La Ley Bolaños no tiene visos de ver la luz y está paralizada en el Congreso de los Diputados, por voluntad del PSOE y sus socios de investidura, porque no cuenta con el apoyo de los votos necesarios para sacarla adelante.

Con respecto a otros proyectos legislativos anunciados por Bolaños que no han llegado a plasmarse aún en Anteproyecto de Ley, otras de las fuentes consultadas consideran un «despropósito» plantear, en este momento, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), cuando el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz , está en el ojo del huracán y a punto de sentarse en el banquillo, recuperar el viejo debate sobre la necesidad de que deje de existir el juez de instrucción como tal y que sea el Ministerio Fiscal el que se encargue de la investigación de los casos, mientras  que el juez se limita a velar por que se cumplan todas las garantías legales en cada caso.

Reformas inoportunas

Varios de los consultados, firmes defensores de la Reforma de la LeCrim y del reparto que plantea el ministro Bolaños en este sentido, admiten que «es francamente inoportuno y no tiene sentido abrir ese debate tan importante en estos momentos de bronca y confrontación, con el FGE en pleno ojo del huracán».

Estas mismas fuentes admiten la valía de Bolaños en su campo y sus méritos como estudiante del Derecho, pero le recriminan un cierto «autismo» a la hora de plantear sus reformas, sin tener en cuenta la opinión del colectivo y el momento elegido. Sin embargo, Bolaños sigue firme, anunciando la inmediata aprobación en Consejo de Ministros de la reforma de la LeCrim, contra viento y marea, contra las descalificaciones de la mayoría conservadora de las asociaciones judiciales y los consejos y sugerencias de los progresistas.

En cuanto a las reformas que ya están en vigor, algunos de los jueces consultados, titulares de diversos juzgados , critican las incertidumbres que se han abierto en el día a día de sus juzgados con la puesta en marcha de la última parte de la Ley de Eficiencia Judicial, que pretende agilizar los procesos y convertir la Administración de Justicia en más eficiente, pero que, en la práctica, ha sembrado muchas dudas a los jueces, que se ven obligados a prescindir de los equipos humanos con los que estaban trabajando los casos hasta la fecha y adaptarse a una nueva fórmula de reparto del trabajo, que no saben «si va a agilizar o no el atasco judicial existente».