**Diputados oficialistas acusan al ministro Antonio Ulla** Un grupo de diputados oficialistas, liderados por el socialista Daniel Manouchehri, presentó este martes una acusación constitucional contra el ministro de la Corte, Antonio Ulla. Esta acción se produce tras la decisión de la Corte Suprema de mantenerlo en su cargo, a pesar de un proceso disciplinario en curso relacionado con su conexión y conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, quien está imputado en el conocido "caso Audios". La acusación fue formalizada en la Sala y se procederá a conformar una comisión revisora. Esta comisión evaluará si el libelo es procedente antes de que se realice la votación en el hemiciclo. La presentación de esta ofensiva legislativa coincide con la tramitación del Presupuesto 2026, lo que ha llevado a La Moneda a tomar distancia del asunto. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, instó a los legisladores a enfocar sus esfuerzos en "satisfacer las necesidades de la ciudadanía y avanzar con este presupuesto". Aunque reconoció que las acusaciones son una facultad del Parlamento, también advirtió sobre el uso del tiempo legislativo. El libelo fue respaldado por varios diputados, incluyendo a Cosme Mellado (PR), Marta Bravo (PS), Javiera Morales (FA), y otros. Manouchehri declaró: "Chile merece una justicia limpia, imparcial y confiable, y eso hoy día está en riesgo". Además, argumentó que el ministro Ulla habría vulnerado principios de "reserva, abstención, imparcialidad y probidad", lo que constituiría un "notable abandono de deberes". Desde el Poder Judicial, la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, expresó que el máximo tribunal es "muy respetuoso" de los otros poderes del Estado y solicitó "reciprocidad". Chevesich pidió que no se realicen ataques directos a ciertos ministros y que se actúe dentro del marco de la Constitución y las leyes, refiriéndose a comentarios que consideró inapropiados. La acusación se presenta en un contexto de creciente atención sobre el caso Audios y el debate sobre los estándares éticos y disciplinarios en el Poder Judicial. Si la acusación prospera en la Cámara, el proceso se trasladará al Senado, que actuará como jurado político.