El abogado general de la Unión Europea, cuyas opiniones no son vinculantes pero suelen coincidir con la sentencia definitiva que dicta el TJUE, aseguró este jueves que la normativa europea no obliga a reconocer a como funcionarios a los trabajadores, consideró que "en el ordenamiento jurídico español no parecen existir medidas efectivas" para evitar el uso abusivo de contratos de duración determinada en el sector público y defendió elevar las indemnizaciones para luchar contra el fraude.

En concreto, se pronunció a raíz del caso de una trabajadora que desde 2016 cuida niños en un centro educativo de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene la consideración de personal laboral de la Administración, con la que suscribió varios contratos de interinidad sucesivos.

La trabajadora considera

See Full Page