Se agudiza la tensión en Aragón por los menores no acompañados (menas). Este jueves, el Gobierno de Aragón ha confirmado la primera llegada de 3 menas trasladados desde Canarias, tal y como estipuló el Real Decreto aprobado por Sánchez. Por su parte, los de Abascal han puesto el foco en las ONG que gestionan los centros de menas en la comunidad y ha exigido que sea el gobierno autonómico directamente quien se haga cargo de ellos.

La formación considera que así se podrá hacer un seguimiento responsable de lo que sucede en estos centros, dado que las comunidades –salvo Cataluña y País Vasco– no pueden negarse a aceptar los menas que sean trasladados.

Según exponen desde Vox , la gota que ha colmado el vaso han sido los últimos sucesos y altercados en diversos centros de menas en Aragón. Para los de Vox la externalización es una « dejación de funciones» y reclaman «modificar el modelo de gestión de los centros de menas para que, en vez de estar gestionados de manera indirecta y mixta, pasen a estar gestionados directamente y supervisados por la consejería».

Vox ha señalado también a las ONG que actualmente tienen convenios con Aragón, añadiendo a sus demandas que se «revoque los convenios» con estas entidades «que se lucran y colaboran con el tráfico de personas», mencionando los existentes con Accep, Apip Acam, Cepaim o Cruz Roja .

Los centros de menas en Aragón

El diputado autonómico de la formación, David Arranz, ha analizado que los asuntos de « regular y supervisar la gestión de los centros de menas y su régimen interno», es algo a lo que «han renunciado las comunidades autónomas, al haber externalizado esta cuestión en entidades y ONGs pro inmigración ilegal».

«La dejación de funciones a este respecto provoca graves problemas de convivencia, delincuencia y criminalidad, así como agresiones contra los propios trabajadores y usuarios de estos centros, como hemos visto en el centro de menores de Juslibol, en la calle Comadre en Teruel o en el Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) de Torrero», ha agregado.

Respecto al CATIM de Torrero, Arranz ha acusado a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, de « evitar responder » respecto a si el ejecutivo autonómico «sigue tutelando al interno o internos que provocaron el incendio en el CATIM», que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre.

Vox exige saber «si seguimos pagando la manutención, el alojamiento, los servicios sanitarios, el servicio de telefonía móvil, la ropa, las paguitas y las responsabilidades civiles a quienes han incendiado y dañado unas instalaciones del Gobierno de Aragón».

Respecto a la protección de los trabajadores, los de Abascal valoran de ridículo que para protegerles la reacción del Gobierno de Aragón haya sido solicitar formalmente al Gobierno de España «dar acceso directo al sistema AlertCops a los trabajadores de los centros de protección y reforma de menores».

Vox recordado la necesidad de elaborar a nivel nacional «un decreto en el que se detallen las exigencias debidas de los reglamentos de régimen interno », con el fin de «restar autonomías a los centros de menas». Ha concluido insistiendo en la elaboración de pruebas de edad, en colaboración con la Fiscalía, porque «no tenemos que tutelar a ningún mayor de edad» y alcanzar acuerdos desde la comunidad de Aragón con terceros países para la repatriación de esos menores inmigrantes «conforme faculta el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería».