La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de combatir el robo de este recurso natural y garantizar su disponibilidad en el país.

En la reforma se admite que México enfrenta una “crisis sin precedentes” en materia de agua. El porcentaje de sequía a nivel nacional fue de 45.8% hasta el pasado mes de abril, y la región noroeste del país fue la más afectada.

Ante este panorama, la iniciativa plantea diversas medidas para garantizar la disponibilidad de agua en el país. Una de ellas es la creación de “delitos hídricos” que serán perseguidos de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia.

Por ejemplo, habrá penas de hasta 10 años de prisión a

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