**¡Cámara de Diputados en la cuerda floja por Ley de Amparo!**

La Cámara de Diputados ha finalizado este lunes los foros de parlamento abierto sobre la reforma a la Ley de Amparo. Durante estas sesiones, expertos en derecho manifestaron su rechazo a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. A pesar de que el foro fue convocado por las comisiones de Justicia y de Hacienda, no se incluyeron propuestas de los participantes. Se ha preparado un documento para llevar al pleno que solo elimina el transitorio que establece la retroactividad, considerado inconstitucional.

Ileana Moreno, magistrada del primer tribunal colegiado en materia administrativa, advirtió sobre las consecuencias de la reforma. "¿De qué sirve un juicio de amparo donde al final se concede la suspensión si lleva un año cerrado como establecimiento mercantil?", cuestionó. Moreno destacó que la suspensión es un derecho humano esencial.

Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, también expresó su preocupación. Afirmó que la eliminación de la suspensión provisional afectaría a más de 136 servicios que generan empleo y economía en el país. "El gobierno es una de las partes en el juicio de amparo. Si se aprueba la iniciativa, se constriñe a los jueces de Distrito, lo que va en contra del principio de imparcialidad", señaló.

José Ángel Santiago, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, comentó que la reforma implica una ponderación de intereses sociales. "Hay más interés por parte de la colectividad en que se suspenda y se mande el mensaje de que no se puede violar la ley", dijo.

Roberto Gil Zuarth, abogado y exlegislador panista, advirtió que modificar la ley sería un retroceso jurídico. "Dificultará la realización de derechos colectivos en salud, autonomía reproductiva y medio ambiente", afirmó. Gil Zuarth también mencionó que la restricción de la suspensión podría hacer que el juicio de amparo pierda su función de control y remedio efectivo ante la arbitrariedad del poder.

Por otro lado, los morenistas han señalado que se impondrá la mayoría para aprobar la reforma, aunque sin la polémica retroactividad. Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador de los diputados morenistas, anticipó que el dictamen se aprobará sin modificaciones significativas. "Buscamos ganarles en elecciones y modificar lo que otros impusieron", expresó.

A pesar de las alertas de los expertos, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, indicó que ya se ha realizado una modificación relevante al proyecto de dictamen, eliminando el efecto retroactivo. Sin embargo, los ponentes del foro manifestaron que los cambios propuestos no son positivos y que podrían tener graves consecuencias para los derechos humanos y el sector económico.

La jurista Luisa Conesa Labastida advirtió que los nuevos juzgadores carecen del contexto necesario para valorar los casos adecuadamente. "La ley debería permitir la suspensión en ciertos casos, no imponer la negativa", argumentó. La magistrada Lena Moreno ejemplificó cómo la nueva figura de "interés público" podría complicar la concesión de amparos, afectando directamente a los ciudadanos.

La situación se torna crítica, ya que la reforma podría transformar el amparo en un instrumento que favorezca al gobierno, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos. La Cámara de Diputados se enfrenta a un dilema que podría cambiar el panorama jurídico del país.