WASHINGTON (AP) — Con el presidente Donald Trump, la guerra contra las drogas se asemeja mucho a la guerra contra el terrorismo.

Para justificar los ataques contra pandillas y cárteles del narcotráfico latinoamericanos, el gobierno de Trump se basa en un argumento jurídico que ganó fuerza después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo que permitió a las autoridades estadounidense usar fuerza letal contra combatientes de Al Qaeda que atacaron el World Trade Center y el Pentágono.

Pero los grupos que son objeto ahora de los ataques de Estados Unidos son un enemigo muy diferente, surgido en las prisiones de Venezuela y alimentado no por una ideología antioccidental, sino por el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

El uso que hace Trump de una fuerza militar aplastante para combatir a esos grupos y la autorización de acciones encubiertas dentro de Venezuela —posiblemente para derrocar a su presidente, Nicolás Maduro— traspasa los límites del derecho internacional, según los expertos legales. Y todo esto ocurre mientras Trump amplía el papel del ejército en el ámbito nacional: desplegó a la Guardia Nacional en varias ciudades y afirmó que está abierto a invocar la Ley de Insurrección, de hace casi 150 años, que permite el despliegue militar solo en casos excepcionales de disturbios civiles.

Por el momento, el ejército mató al menos a 27 personas en cinco ataques a barcos que, según la Casa Blanca, transportaban drogas.

Estas operaciones —la más reciente fue el martes y dejó seis fallecidos— se han llevado a cabo sin ninguna investigación legal ni la tradicional declaración de guerra del Congreso. Esto plantea preguntas acerca de la justificación de las acciones de Trump y el impacto que podrían tener en las relaciones diplomáticas con las naciones latinoamericanas que recuerdan con profundo resentimiento las repetidas intervenciones militares de Estados Unidos durante la Guerra Fría.

La comunidad de inteligencia estadounidense también ha cuestionado la afirmación central de Trump de que el gobierno de Maduro está colaborando con la pandilla Tren de Aragua y orquestando el tráfico de drogas y la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

La afirmación de Trump de que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado” con los cárteles de la drogas se basa en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno de George W. Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después del 11-S. Incluye la capacidad de capturar y detener a combatientes y usar la fuerza letal para eliminar a sus líderes.

Pero la carta de Naciones Unidas prohíbe específicamente el uso de la fuerza, salvo en casos de defensa propia.

“No se puede simplemente llamar a algo guerra para darte poderes bélicos”, dijo Claire Finkelstein, profesora de Derecho de Seguridad Nacional en la Universidad de Pensilvania. “Por muy frustrados que estemos con los medios y los resultados de los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir el flujo de drogas, es una burla del derecho internacional sugerir que estamos en un conflicto armado no internacional con los cárteles”.

Después del 11 de septiembre, estaba claro que Al Qaeda estaba planeando de forma activa ataques adicionales para causar bajas civiles. Pero la principal ambición de los cárteles es vender drogas. Y eso, aunque es perjudicial para la seguridad estadounidense en general, es una justificación dudosa para invocar los poderes bélicos, apuntó Geoffrey Corn, profesor de Derecho en la Universidad Tecnológica de Texas, que en el pasado fue asesor principal del ejército para asuntos de derecho de guerra.

“En mi humilde opinión, el gobierno quiere invocar los poderes bélicos por muchas razones”, incluidas las políticas, añadió Corn.

“Incluso si asumimos que hay un conflicto armado con el Tren de Aragua, ¿cómo sabemos que todos en ese barco eran combatientes enemigos?”, manifestó. “Creo que el Congreso debe saberlo".

Preguntado en la Casa Blanca el miércoles por qué Estados Unidos no utiliza a la Guardia Costera para detener los barcos venezolanos y confiscar la droga, Trump respondió: “Hemos estado haciendo eso durante 30 años y ha sido totalmente ineficaz.”

El presidente también además que Estados Unidos podría atacar objetivos dentro de Venezuela, una maniobra que aumentaría significativamente las tensiones y las implicaciones legales. Hasta ahora, los ataques se han producido en aguas internacionales más allá de la jurisdicción de cualquier nación.

“Lo hemos detenido casi por completo por mar", dijo Trump acerca del flujo de drogas. “Ahora lo detendremos por tierra.”

Al mandatario se le preguntó también por un reporte del New York Times que afirmó que había autorizado una operación encubierta de la CIA en Venezuela. Trump, quien ha criticado con dureza la invasión estadounidense de Irak que derrocó al gobierno de Saddam Hussein en 2003, se negó a decir si había dado a la CIA la autoridad para eliminar a Maduro, alegando que sería “ridículo” responder.

Numerosas leyes y órdenes ejecutivas estadounidenses desde la década de 1970 consideran ilegal asesinar a funcionarios extranjeros. Pero al declarar a los venezolanos combatientes ilegales, Trump podría estar buscando eludir esas restricciones y regresar a una época anterior en la que, en lugares como Guatemala, Chile e Irán, Washington llevaba a cabo regularmente misiones encubiertas para propiciar un cambio de régimen.

“Si representas una amenaza y estás en guerra con Estados Unidos, no eres una persona protegida”, señaló Finkelstein.

Durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado de delitos federales relacionados con las drogas en Estados Unidos, incluidos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Este año, el Departamento de Justicia duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario a 50 millones de dólares, acusándolo de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo.”

Pero el enfoque de Trump sobre Venezuela pasa por alto un aspecto básico del tráfico de drogas: la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos son por fentanilo, que llega por tierra desde México. Y aunque Venezuela es una importante zona de tránsito de drogas, alrededor del 75% de la cocaína producida en Colombia —el líder mundial— se trafica a través del océano Pacífico oriental, no el Caribe.

Según la Constitución, debe ser el Congreso quien declare la guerra. Por el momento, sin embargo, hay pocos indicios de que los aliados de Trump vayan a oponerse a la visión expansionista del presidente sobre sus propias competencias para perseguir a los cárteles a los que la Casa Blanca culpa de las decenas de miles de muertes por sobredosis que se registran en el país cada año.

El Senado, controlado por el Partido Republicano, rechazó recientemente una resolución sobre los poderes bélicos presentada por los demócratas que habría obligado al presidente a solicitar la autorización del Congreso para nuevos ataques militares.

A pesar de la presión, incluso entre algunos republicanos, para que se ofrezca una explicación más completa, el gobierno de Trump no ha proporcionado aún a los legisladores pruebas que demuestren que las embarcaciones atacadas por el ejército transportaban narcóticos, dijeron a The Associated Press dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. El senador independiente Angus King, de Maine, indicó que, durante una sesión informativa clasificada este mes, a él y a otros miembros del Comité de Servicios Armados del Senado se les negó el acceso a la opinión legal del Pentágono sobre si los ataques se ajustaban a la legislación estadounidense.

Tampoco es probable que la oposición legal influya en la Casa Blanca. Una decisión de la Corte Suprema a raíz del intento de una congresista demócrata de demandar al Pentágono en 1973 para frenar la expansión de la Guerra de Vietnam a los vecinos Laos y Camboya estableció un estándar muy alto para cualquier recurso legal a las órdenes militares, afirmó Finkelstein.

Los familiares de los venezolanos muertos en los ataques enfrentan sus propios desafíos legales después de que varios fallos de la Corte Suprema limitaron el alcance de los ciudadanos extranjeros para demandar en Estados Unidos.

Los ataques militares ocurrieron en aguas internacionales, lo que permitiría a la Corte Penal Internacional iniciar una investigación similar a sus pesquisas por presuntos crímenes de guerra contra Rusia e Israel, que, como ocurre con Washington, no reconocen la autoridad del tribunal.

Pero la corte con sede en La Haya se ha visto envuelta en una investigación por conducta sexual inapropiada que obligó a su fiscal jefe a dar un paso atrás. Las sanciones de Estados Unidos por su acusación contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también han obstaculizado su trabajo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.