La ponencia de constitucionalidad sobre la reforma pensional, elaborada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, propone anular la norma. Este documento de 83 páginas argumenta que durante las sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes, celebradas el 27 y 28 de junio, no se corrigió el vicio de trámite que había llevado a la devolución de la ley al Congreso. La revelación de esta ponencia fue confirmada por fuentes del alto tribunal, aunque se aclara que se trata de un borrador que podría ser ajustado por la Sala Plena. En la primera revisión, el magistrado Ibáñez también había sugerido tumbar la norma, pero la Corte optó por devolverla al Congreso para subsanar las irregularidades. Actualmente, el magistrado está redactando un auto para abordar el incidente de recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, quien es considerado inhabilitado para votar por haber firmado contratos con Colpensiones, según la senadora Paloma Valencia, demandante de la norma. El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, ha señalado múltiples errores en la aplicación de la Ley Quinta sobre el trámite legislativo. Uno de los problemas más destacados es que solo transcurrieron cinco horas entre la convocatoria y el inicio de la sesión plenaria, lo que contraviene el artículo 138 de la Ley 5 de 1992, que exige un plazo mínimo de tres días para garantizar la preparación de los representantes. Además, el magistrado advierte sobre irregularidades en el quórum durante la aprobación del orden del día el 27 de junio. Según el acta, solo había 62 representantes registrados, lo que es suficiente para iniciar la sesión, pero no para aprobar el orden del día, que requiere una mayoría simple. Ibáñez enfatiza que permitir decisiones sin el quórum adecuado socava el principio democrático y la representatividad. El magistrado también critica la sesión del 28 de junio, donde se debatió la ponencia de la representante María del Mar Pizarro. La Corte había ordenado que se discutiera el articulado, pero la Cámara votó en contra de continuar con el debate, lo que Ibáñez califica como una decisión consciente y mayoritaria. Por lo tanto, la propuesta de Ibáñez es anular la norma, lo que obligaría al Gobierno a presentar nuevamente la reforma en el Congreso, dado que ya se le había otorgado una segunda oportunidad para corregir el vicio procedimental. La situación se complica para el Gobierno del presidente Petro, que ha hecho de esta reforma una de sus principales banderas políticas. La decisión final de la Corte Constitucional aún está por verse, pero el futuro de la reforma pensional pende de un hilo. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia