El terremoto que desató la aprobación de la ley de amnistía ha visto reducida la magnitud de sus réplicas en el tablero político, pero no así en el judicial, donde se libran las batallas pendientes, que tienen como protagonista al nombre propio para el que se redactó la norma: Carles Puigdemont. La última sacudida tuvo como epicentro a la Corte de Garantías, que rechazó las alegaciones del Supremo y brindó su aval al perdón de la malversación. Esta decisión sitúa al Alto Tribunal en la disyuntiva de si aplicar ese fallo a la decena de procedimientos que mantiene en suspenso o, en su lugar, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Nada invitaba al optimismo en el Supremo desde que el pasado junio el Tribunal Constitucional avaló el grueso de la amnistía, pues aquella decisión an

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