La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, volverá a su cargo al frente del Ministerio Público a más tardar el martes 21 de octubre. Esta decisión se produce tras una medida cautelar emitida por el Poder Judicial, que admitió la apelación contra la destitución ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La JNJ deberá reincorporar a Espinoza en los próximos días. Según la fiscal, esto podría concretarse el lunes 20 de octubre, ya que la notificación del Poder Judicial fue debidamente comunicada a la JNJ. Gino Ríos, presidente de la JNJ, confirmó que acatará la disposición judicial, aunque anunció que se presentará una apelación. "Se podrá apelar, pero se tiene que dar cumplimiento a eso", afirmó Ríos ante la prensa, subrayando que cualquier recurso no exime a la institución de cumplir con la medida cautelar. Espinoza, en declaraciones a RPP, enfatizó que su reincorporación debería realizarse a partir del lunes. "Cuando públicamente el señor presidente de la Junta Nacional de Justicia sale a expresar lo que usted ha mencionado, eso significa que su procurador ya le ha comunicado la notificación válidamente emitida por el señor juez constitucional", indicó. La fiscal también cuestionó el accionar de la JNJ, señalando un trato desigual en comparación con otros casos similares. Recordó que durante las reposiciones de Tomás Gálvez y Patricia Benavides, la JNJ no presentó objeciones ni provocó demoras, a diferencia de su situación. "Es sorprendente que actúen de esa manera", expresó Espinoza. Su abogado, Luciano López, explicó que la orden del juzgado tiene un carácter distinto a una disposición administrativa, y que la JNJ está obligada a ejecutarla sin demora, aunque tenga derecho a apelar. Además, Espinoza acusó al Congreso de haber cometido una infracción constitucional al archivar las denuncias que presentó contra la presidenta Dina Boluarte. Consideró que esto representa una irregularidad y una ruptura del debido proceso. Según Espinoza, conforme al artículo 117 de la Constitución, solo es posible acusar a un presidente en ejercicio bajo cuatro supuestos específicos. Criticó que el Congreso haya archivado denuncias sin cumplir con los requisitos establecidos, lo que calificó como una infracción constitucional. "Se ha quebrado un debido proceso que antiguamente sí se llevaba con otros congresos", afirmó la fiscal suspendida, añadiendo que el archivo de las denuncias es una clara irregularidad.