La bancada de Alianza para el Progreso (APP) ha decidido retirar un controvertido proyecto de ley que proponía permitir a las víctimas de extorsiones deducir los pagos realizados a organizaciones criminales del Impuesto a la Renta. Esta decisión se produce en medio de una fuerte polémica y críticas que consideraban la propuesta como un intento de normalizar un delito que afecta gravemente al país. El proyecto, presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay, buscaba modificar la Ley del Impuesto a la Renta para que las empresas pudieran considerar los pagos por extorsiones como gastos deducibles. La iniciativa fue formalmente retirada mediante un comunicado enviado al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, por el vocero de APP, Eduardo Salhuana. El documento especifica: “Téngase por retirado el Proyecto de ley N° 12793/2025-CR”. La propuesta había sido presentada el 14 de octubre y generó un intenso debate en el Congreso, donde se argumentó que su aprobación implicaría una legitimación de los pagos a grupos criminales. El proyecto de ley pretendía que las víctimas de extorsión pudieran deducir las pérdidas sufridas sin necesidad de presentar una denuncia judicial. Esto se planteaba a través de una modificación al literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, permitiendo a los contribuyentes acreditar sus pérdidas mediante una declaración jurada notarial. Sin embargo, ante la creciente oposición y las críticas que señalaban que la propuesta buscaba “legalizar la criminalidad”, APP decidió dar marcha atrás. La iniciativa había sido remitida a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, pero no será debatida tras su retiro. Este episodio resalta la complejidad de abordar el problema de la extorsión en el país y la necesidad de encontrar soluciones efectivas sin comprometer la integridad del sistema legal y tributario.