En más de una oportunidad la Fiscalía General le ha cerrado las puertas a una eventual negociación con la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz , una de las principales protagonistas en el macrosaso por los actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la actualidad, esas puertas ya cuentan con un candado y sin una llave. Esto quedó más que en evidencia en la intervención que hizo recientemente la fiscal delegada ante la Corte Suprema que pidió mantener la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exfuncionaria.

La fiscal le solicitó a un juez de conocimiento de Bogotá que desechara completamente los argumentos presentados por la defensa de Sandra Ortiz y con los que busca tumbar la medida de ase

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