La no existencia de una entidad metropolitana en la zona afectada tuvo sus consecuencias en los efectos de la dana. Los desastres no atienden a las delimitaciones administrativas que separan un municipio de otro

Estamos llegando al primer aniversario de la dana de Valencia y aún estamos recogiendo las enseñanzas y analizando las secuelas que se derivan de esa tragedia. Nos hemos dedicado, con razón, a someter a escrutinio las horas y minutos que pasó Carlos Mazón en el dichoso Ventorro, pero hemos prestado mucha menos atención a cómo lograron sobrevivir y empezar a recuperar una frágil cotidianeidad la población más vulnerable y afectada. La banalización del mal que representan los silencios e incongruencias de Mazón conecta directamente con la capacidad de salvar vidas y bienes si los avisos se hubieran producido cuando la gran cantidad de información existente así lo exigía. Pero por debajo de esa notoriedad de la conducta de los que tenían que tomar una decisión que no podía esperar, ha despertado mucha menos atención la situación pre-dana de los que fueron, a la postre, más afectados. Lo que implica repensar no solo los cauces de los ríos, torrentes y barrancos, sino también las condiciones de vida de quienes más han acabado sufriendo tal desastre.

En una de las poblaciones afectadas en la misma Horta Sud, en Alaquàs y, concretamente, en su espectacular castillo, se celebró la pasada semana un Congreso Internacional en el que se querían relacionar dos aspectos clave: los servicios sociales y las situaciones de emergencia extrema. La pregunta que atravesaba toda la reunión, organizada por la Cátedra Interuniversitaria de Servicios Sociales con sede en la Universitat de València, era importante: ¿cómo sostener la vida cotidiana, el tejido social de una comunidad, cuando todo se tambalea, cuando, al salir de tu casa al final del aguacero, no reconoces ni el lugar en el que vives? Y, más significativo aún, ¿cómo hemos de trabajar en el tejido social, en el municipio, en nuestra forma de entender la comunidad en que vivimos para que la próxima vez las consecuencias no sean tan brutales?

Cada vez más precariedad social, déficit habitacional y riesgo ambiental se entremezclan y combinan, dificultando así el tratar de mejorar un aspecto sin verse obligado a incorporar el resto de las cuestiones. No es casualidad que una gran parte de los municipios más afectados de la Horta Sud de Valencia fueran también los que presentaban menores niveles de renta. Y, evidentemente, en cada municipio afectado los más castigados fueron los que vivían en condiciones más precarias. No hay nueva normalidad posible si solo se reconstruyen puentes, carreteras y vías y no se reconstruye asimismo la urdimbre social que permite que todo ello tenga sentido y ayude a vivir con dignidad.

Todos constatamos y elogiamos el gran esfuerzo desplegado por bomberos, contingentes de la UME, protección civil, cuerpos de policías y fuerzas de seguridad y demás responsables de atender en primer lugar las emergencias. El alto nivel de profesionalidad y la solidaridad desplegada fue, desde todos los puntos de vista, encomiable. Pero muy poco se ha dicho sobre cómo reconectar con las personas que vivían solas, en condiciones sociales complicadas, cómo volver a tejer los lazos que permitían que alguien comprara lo necesario a quien no podía salir de casa, cómo relacionar los voluntarios y personal de emergencias con quienes conocen el terreno y la realidad social en que la desgracia se ha cebado. Es importante recalcar que ahora, y solo después de la experiencia de la Dana, se ha empezado a contar con los servicios sociales en los distintos CECOPAL (Centros de Coordinación Operativa Local) de cada municipio.

Por otro lado, con todo el ruido en el que estamos inmersos se nos escapan algunos aspectos que son relevantes si queremos enfrentarnos a la nueva normalidad de la emergencia climática. Hay que dar más poder y más recursos a los poderes locales, facilitando su coordinación y articulación. Como señaló el profesor Joan Romero en el mencionado Congreso, la no existencia de una entidad metropolitana en la zona afectada tuvo sus consecuencias en los efectos de la dana. Los desastres no atienden a las delimitaciones administrativas que separan un municipio de otro. Y el que cada municipio tenga su Cecopal y no haya articulación entre ellos tampoco ayuda.

Es esencial que los municipios y sus servicios sociales funcionen lo mejor posible para sostener el entramado social y familiar que habita en ellos y que sufre las consecuencias de la incertidumbre y la precariedad en que sobreviven muchos de sus habitantes. La distribución de gasto público en España que minoriza a los gobiernos locales y la alta fragmentación municipal no resultan la mejor solución para lo que acontece y lo que vendrá. Necesitamos más recursos más cerca de los problemas, más complicidades con la ciudadanía y más articulación entre políticas sociales, políticas de salud y políticas educativas en la esfera local. Solo así se puede responder de manera compleja y articulada a problemas cada vez más interconectados. Más municipalismo, más atención y medios a los servicios sociales que son y seguirán siendo esenciales para mantener los vínculos y los lazos sociales que aún resisten y para enfrentarnos así a la gran transformación que atravesamos.