José Jerí, presidente encargado de Perú, ha declarado este martes el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia Constitucional del Callao. Esta decisión se tomó tras una sesión del Consejo de Ministros, en respuesta a un aumento alarmante de la criminalidad y la violencia en la capital. La medida, que entra en vigor a partir de las 00 horas de hoy y tendrá una duración de 30 días, permitirá la intervención activa de las fuerzas de seguridad y la posible implementación de un toque de queda en los distritos más afectados por el delito.

Durante el anuncio realizado en el Palacio de Gobierno, Jerí afirmó: “Hoy empezamos a cambiar la historia de la lucha contra la criminalidad en el Perú”. La reunión incluyó a miembros del gabinete ministerial y al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. Este pronunciamiento se produce tras un encuentro con alcaldes que expresaron su apoyo al Ejecutivo y solicitaron la implementación urgente de estrategias coordinadas para combatir el crimen organizado.

Entre las medidas discutidas se encuentran el refuerzo del patrullaje policial, intervenciones focalizadas en puntos críticos y la posibilidad de restringir la circulación nocturna en áreas vulnerables. Vicente Tiburcio, titular del Ministerio del Interior (Mininter), había manifestado previamente dudas sobre la efectividad del estado de emergencia, pero ahora subrayó la necesidad de acciones inmediatas. “No queremos hacer más de lo mismo de lo que se ha venido haciendo en estos últimos años”, comentó Tiburcio, quien también no descartó la posibilidad de un toque de queda si la situación empeora.

El documento firmado por los alcaldes de Lima Metropolitana también propone la municipalización de ciertas funciones policiales para mejorar la capacidad operativa de los gobiernos locales. Entre las medidas adicionales se contempla el uso obligatorio de chalecos naranjas en vehículos de transporte público y la prohibición de circular con acompañante en motocicleta como medida preventiva.

El plan de emergencia incluye iniciativas para reducir la tenencia ilegal de armas, promoviendo la entrega voluntaria y estableciendo plazos para la devolución de armamento no registrado. En un contexto de protestas y crisis política, el ministro Tiburcio anunció la compra inmediata de 44 rochabuses y 56 tanquetas para la PNP, una adquisición que llevaba casi una década aplazada. “Hoy, en las manifestaciones que hemos tenido, no tenemos ningún Rochabús operativo, pero ya lo tenemos aquí para poder dar esa respuesta a las protestas”, explicó.

El Ejecutivo ha asegurado que el estado de emergencia será evaluado periódicamente. Además, se coordinará con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Municipalidad Metropolitana de Lima una mesa técnica para el seguimiento de los resultados. Las autoridades locales han destacado el liderazgo de José Jerí y han convocado a un Pacto por la Gobernabilidad, que busca unir a fuerzas políticas, empresariales y sociales en la lucha contra el crimen organizado y en favor de la estabilidad institucional.