
Durante el registro domiciliario al funcionario, los agentes hallaron una caja fuerte con más de 530.000 euros en metálico y una máquina de contar billetes. La investigación ha acreditado que parte del dinero provenía de comisiones ilegales pagadas por empresas adjudicatarias de obra pública .
El enriquecimiento del clan familiar
Las pesquisas judiciales revelan que el entorno del funcionario experimentó un notable incremento patrimonial entre 2003 y 2022 . A través de una empresa instrumental, presuntamente controlada por la familia, se habrían facturado más de 867.000 euros en supuestos servicios técnicos a contratistas beneficiados por las adjudicaciones manipuladas.
Estas actividades ilícitas se habrían producido mientras el funcionario participaba directamente en las mesas de contratación, influyendo en la adjudicación de obras clave como la pasarela de Solvay, los puentes de Somo y Pontejos o el paseo en la CA-440 entre Loredo y Langre.
El silencio de Revilla ante la corrupción institucional
El caso ha supuesto un duro golpe para el legado de Miguel Ángel Revilla . Si bien cesó a su consejero de Obras Públicas tras conocerse el escándalo, nunca asumió responsabilidad política directa, pese a que la red funcionó durante al menos una década bajo su mandato.
Mientras el expresidente guarda silencio, nuevos indicios apuntan a un conocimiento institucional de la trama. Las investigaciones continúan y se prevé que en los próximos meses se cierre la instrucción y se abra juicio oral.
El coste: más de 1,6 millones de euros
La cuantía total del daño económico al erario cántabro se estima en 1.623.257 euros . El cabecilla ha pactado con la Fiscalía una condena de siete años y un día de prisión , una multa de casi un millón de euros y la devolución de 749.648 euros como indemnización.
Su esposa, Beatriz del Río, ha aceptado un año y un día de cárcel y una multa de 478.513 euros , mientras que sus hijas figuran como partícipes a título lucrativo. El Ministerio Público ha solicitado el comiso de los bienes patrimoniales adquiridos con dinero de procedencia ilícita.