El anuncio del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sobre la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas marca un nuevo capítulo en la forma en que el Estado peruano enfrenta la protesta social. El argumento oficial es la modernización de la Policía tras casi una década de abandono.
Pero la decisión llega justo después de una marcha nacional con un muerto y decenas de heridos, lo que convierte la compra en una señal preocupante: el Gobierno parece apostar por el blindaje antes que por el diálogo.
La criminalidad y la violencia en las calles ya no temen a nadie, y las protestas se han vuelto escenarios de tensión donde el reclamo legítimo se confunde con la represión.
En medio de ese clima, el Estado responde con más metal y menos empatía. Equipar a la policía es necesario, pero hacerlo s

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