Cientos de personas se congregaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta ley fue aprobada por el Congreso, pero el presidente Javier Milei vetó su reglamentación, lo que ha generado un vacío legal que afecta a miles de personas con discapacidad y a los profesionales que les brindan servicios.

La manifestación, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, comenzó a las 11 de la mañana. Los asistentes marcharon hacia el Ministerio de Salud para demandar la plena aplicación de la norma. Además, prestadores y pacientes iniciaron un paro de 48 horas en protesta por la falta de pagos y la escasa regulación del sector.

Durante la marcha, una médica expresó su frustración: "Nos están pagando muy poco y las obras sociales pagan tarde. El nomenclador es muy bajo y es muy difícil decirle a una familia que necesita esa terapia que nos pague un copago o un poco más". La falta de reglamentación ha generado indignación entre los profesionales que ofrecen terapias y servicios esenciales a personas con discapacidad.

Como parte de la protesta, transportistas dejaron sus vehículos estacionados en la avenida Entre Ríos. Una madre de dos hijos con discapacidad comentó: "La verdad es que uno pierde las esperanzas porque esto ya se hizo, logramos dar vuelta el veto y sin embargo no sabemos por qué no accionan". Otra manifestante criticó la falta de recursos, afirmando: "Supuestamente dicen que no hay plata, es la excusa que el Presidente manifiesta. No hay plata para los sectores más vulnerables pero sí cuando se tienen que aumentar los senadores".

La tensión aumentó cuando se canceló una reunión programada entre Prestadores Unidos y Fernando Bilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Jésica Machado, referente del movimiento, calificó la situación como "un acto de falta de respeto total" al criticar que Bilches se negó a recibir su reclamo.

El paro también afecta a transportistas especializados que garantizan el traslado de pacientes. En Rosario, la medida impacta a 180 empresas y 250 instituciones. Allí, también se llevará a cabo una marcha en Plaza San Martín, donde se denuncia que 121.000 millones de pesos destinados a discapacidad no están siendo ejecutados.

Además, durante la noche del martes, se escucharon cacerolazos en varios barrios de Buenos Aires, en apoyo a los reclamos del Hospital Garrahan y otras instituciones de salud por la Ley de Emergencia Pediátrica, que también fue aprobada pero aún no se ha activado.