B ACALAR, MX.- El Cabildo de Bacalar fue sorprendido por Samuel Jaime Acuña Jenkin en enero de 2023, al solicitar al Ayuntamiento el arrendamiento del centro turístico “El Aserradero” con todos sus restaurantes, sin embargo, resultó ser un fraude, al grado que hoy él y su pareja de origen ruso se encuentran detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Chetumal.

El engaño estuvo en presentarse como un “grupo restaurantero con más de 3 décadas de reconocida experiencia en el giro gastronómico a nivel nacional, especializándonos en diferentes conceptos de carnes, mariscos, fusiones asiáticas, cantinas mexicanas familiares, taquerías, así como eventos entre otros”, sin que en Bacalar existiera un antecedente de lo antes solicitado.

Las marcas que Acuña Jenkin y su pareja Viktoriya Ankudinova colocaron en la solicitud del manejo del balneario municipal, son: GrupoTaquearte (“Taquearte”, “La Federal”), Grupo Sonora (“Sonora Grill”, “Sonora Grill Prime”, “Parilla Urbana”), Grupo Cinbersol (“50 Friends”, “Asadero Uno”, “La Cabrera”, “Fat Crow”, “Ivoire”, “Cantina La No.20″,”Léntrecote”, “Nikki Heston”,”Pier 18″,”).

Sin embargo, la realidad era la instalación del restaurante propiedad de la pareja Acuña-Ankudinova “Itzá Bar & Brasa, ubicado en el balneario “El Aserradero”, del que ahora acusan despojo por parte del Ayuntamiento.

Aparejado a este engaño, los señalados cometieron un presunto robo a casahabitación, de acuerdo con la Carpeta Administrativa 510/2025, que se instruye en “contra de Samuel Jaime Acuña Jenkin y Viktoriya Ankudinova, por su probable participación en el hecho delictuoso de Fraude y Robo a Casa Habitación”.

En todo el proceso, que dio inicio en septiembre pasado, lleva varias audiencias, según estrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el viernes 17 de octubre se llevó a cabo audiencia extraordinaria para solicitar suspensión condicional del proceso y revisión de medidas cautelares, realizada por videoconferencia. Ahí, el Juez de Control Rodrigo Barrera aceptó la justificación médica de la víctima, quien se encontraba imposibilitado para conectarse y se procedió a diferir la audiencia para el 04 de noviembre de 2025.

El sábado 18 de octubre, se notificó al Ministerio Público y a la víctima sobre la nueva audiencia programada para el 23 de octubre de 2025 a las 16:00 horas, con el fin de revisar la solicitud de suspensión condicional al proceso y las medidas cautelares vigentes, ahora la que firma es la juez Marbella Doporto Orozco, quien es protegida de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, pues antes de ser electa como jueza, fungió ahí como Directora de Asuntos Contenciosos; además de haber trabajado como titular de la Segunda Sala Ordinaria y Especializada en Materia Fiscal y Tributaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado; antes fue servidora pública en la Dirección General de Notarias del Estado.

Debido a su influencia, Doporto Orozco, cambia la fecha de audiencia del 04 de noviembre para el 23 de octubre, situación inusual, que no es común y contradice la resolución del Juez Rodrigo Barrera.

A decir del abogado José Félix López López, este cambio de audiencia es sin justificación legal alguna, ya que se había fijado para el 4 de noviembre respetando los 15 días de incapacidad que tiene la víctima con justificante médico y aprobados por el Juez de control, esto es violatorio de derechos humanos por no dar oportunidad a la victima de estar presente físicamente en la audiencia que convocan”.

Se presume, que el despacho del abogado de las partes acusadas, Héctor Hernán Pérez Rivero, quien también es regidor del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, utiliza sus influencias dentro del Gobierno Estatal para torcer la justicia, pues es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La víctima, hace un llamado a Heyden Cebada Rivas, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, para que no permita que sus derechos humanos sean violentados, al utilizar la parte acusada, sus influencias para torcer la justicia. ( Agencia SIM )