La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió por unanimidad en su Consejo Superior iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional , exigiendo la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición Salarial. Aunque el Gobierno promulgó la norma, su implementación fue suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento correspondientes.

La decisión de la casa de altos estudios se enmarca en un contexto de fuerte crisis presupuestaria que afecta al sistema universitario nacional y a la UBA en particular. Según se indicó en la resolución aprobada, la universidad reclama que se asignen de forma urgente los recursos presupuestarios previstos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes.

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