La crisis política que atraviesa el Perú no comenzó ayer. Se gestó tras la derrota del fujimorismo en las elecciones de 2016 y se consolidó con el abuso sistemático del poder parlamentario como modus operandi de la política institucional. Desde entonces, el país ha visto desfilar a casi una decena de presidentes en un periodo en el que debimos tener solo dos. Este desvarío institucional ha erosionado la confianza ciudadana y ha debilitado la capacidad del Estado para responder a los desafíos estructurales del desarrollo.

En paralelo, la irrupción de nuevas amenazas —propias del abandono estatal en áreas claves— ha profundizado el deterioro. La criminalidad organizada, la informalidad desbordada, la minería mal gestionada y la imprevisibilidad jurídica han configurado un escenario de inest

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