Este miércoles un barco con 170.000 toneladas de carbón para Israel hizo escala durante unas horas en el puerto de Ceuta antes de proseguir trayecto hacia su destino final. La Red Estatal de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha denunciado que el Navios Felix , “buque habitual en la ruta de suministro energético” a territorio israelí, atracó en el puerto ceutí “vulnerando claramente” el Real Decreto-ley aprobado hace unas semanas por el Gobierno español.

Este Real Decreto-ley prohíbe las importaciones y exportaciones de material militar desde y hacia a Israel y establece que “se denegarán las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener un uso final militar”, así como de tránsito de armamento.

La RESCOP denuncia que el carbón transportado por esa embarcación –procedente de Sudáfrica– forma parte del “suministro energético del genocidio”, imprescindible para sostener “las gravísimas vulneraciones” del derecho internacional y los derechos contra el pueblo palestino y señala que, por ello, la carga del barco tendría que haber sido retenida.

El informe Powering Injustice de SOMO (Center for Research on Multinational Corporations, con sede en Países Bajos) resalta que el carbón desempeña un papel clave en el sistema energético israelí y en su aparato militar. En 2023, el 17,5% de la electricidad de Israel se generó en plantas de carbón. “La energía producida por la red nacional se distribuye a los asentamientos ilegales en Cisjordania y al Ejército israel”, indica la Red Estatal de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina.

El estudio Powering Injustice de SOMO explica que la Israel Electric Corporation (IEC), empresa pública que gestiona toda la red eléctrica, abastece sin distinción a las bases militares, la industria armamentística y los asentamientos ilegales israelíes. También detalla que las autoridades israelíes utilizan la electricidad como “herramienta de control y castigo colectivo”, cortando el suministro a comunidades palestinas mientras garantizan el abastecimiento constante para las colonias y puestos militares.

La electricidad producida con carbón importado alimenta sistemas de vigilancia y control israelíes basados en inteligencia artificial, incluidos drones y tecnologías desplegadas contra la población de Gaza. Por ello, la RESCOP destaca que “no existe un uso 'civil' del carbón exportado a Israel”, y que toda la energía generada forma parte “del mismo entramado de ocupación ilegal y represión”.

En un comunicado emitido este miércoles, este colectivo y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas, integrada por más de seiscientas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, pidieron al Gobierno que aplicara “de inmediato” el Real Decreto-ley aprobado recientemente para retener la carga y adoptara medidas “para impedir que los puertos españoles continúen siendo parte de la logística del genocidio”.

Finalmente, el barco siguió su trayecto ese mismo día, lo que ha sido definido por estos colectivos como un “grave incumplimiento del marco jurídico y político que España ha adoptado para prevenir su complicidad en el genocidio en Palestina”. Este diario preguntó el miércoles y el jueves a fuentes del Ministerio de Exteriores por este cargamento. Este viernes estas fuentes indicaron que “no es un barco con armas ni con material de doble uso”.

Abogados del colectivo de la RESCOP insisten en que el carbón es un combustible que alimenta el genocidio y que por ello Colombia “tómo las primeras medidas en 2024 y en agosto de 2025 prohibió totalmente la exportación a Israel del carbón, ya que siirve para afianzar la ocupación y producción de material militar israelí”.

También señalan la solicitud de la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, en la que pide a los países medidas “para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a la ocupación ilegal y la segregación, definidas con esos términos por la Corte.

Un momento de la ruta del Navios Felix, en su trayecto hacia Israel

Municiones para Israel

La otra embarcación que cruzó aguas territoriales españolas –sin hacer escala– fue el Ocean Gladiator, el pasado miércoles, con una gran carga de municiones procedentes de EEUU para Israel. La Campaña Fin al Comercio de Armas denunció su paso por el Estrecho de Gibraltar, “por aguas españolas”, con 563 toneladas de munición para la empresa armamentística israelí Elbit Systems, según desveló el medio de comunicación irlandés The Ditch, tras tener acceso a documentos específicos.

Consultadas por elDiario.es, fuentes del Ministerio de Exteriores de España señalan que esa embarcación no solicitó autorización para su paso por esa ruta, informa Javier Biosca. Al tratarse del Estrecho es un paso “en tránsito”, según el artículo 38 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Actualmente estos barcos con este tipo de tránsitos no tienen que solicitar autorización a España.

El Real Decreto-ley español aprobado este mes no menciona una prohibición del tránsito de armamento a Israel, sino la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel con ese tipo de carga.

Enmiendas

La Campaña Fin al Comercio de Armas ha vuelto a pedir al Gobierno de España “incorporar e implementar las enmiendas necesarias para convertir el Real Decreto-ley en un embargo integral de armas a Israel sin excepciones y blindado”. En este sentido, solicitan que el embargo comprenda la prohibición de la compra, venta, contratación pública y la producción bajo licencias israelíes, así como “controles reales en puertos y aeropuertos con inspecciones exhaustivas” y la prohibición del tránsito, comercio y colaboración militar a través de las bases de EEUU.

También piden la denegación del tránsito a barcos que, “como el Ocean Gladiator, son parte de las rutas regulares que facilitan la logística del genocidio mediante el suministro de armas y combustible”. Este buque, sus armadores o fletadores, “violan los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de Naciones Unidas, en cuanto que no están actuando para prevenir el delito de genocidio”, señala el abogado Pablo Vila, experto en Derecho de la Competencia y Litigios y Arbitrajes Internacionales.

Este miércoles la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, dio a conocer un adelanto de su nuevo informe, sobre el carácter de “crimen colectivo” del genocidio en Gaza, en referencia a la complicidad de terceros Estados. En él hace mención a la participación de Estados Unidos, Alemania, Italia y Reino Unido como principales proveedores de ayuda militar a Israel –y “responsables de los crímenes contra la población palestina”– y también menciona la colaboración de decenas de países más, “principalmente occidentales”, a través de sus relaciones económicas y militares.

En su informe, que presentará el próximo día 28, Albanese menciona a España en cuatro ocasiones. Una, para destacar las medidas recién aprobadas contra el comercio de armas. Otra, para señalar que en estos dos últimos años veintiséis países enviaron cargamentos de “armas y municiones” (Código HS 93) a Israel, “siendo los más frecuentes China (incluido Taiwán), India, Italia, Austria, España, Chequia, Rumania y Francia”, “a través de un sistema opaco que oculta las transferencias, incluidas las de uso dual y las transferencias indirectas”, en referencia también a los tránsitos.

En una tercera mención la relatora de la ONU señala la participación de España el ejercicio INIOCHOS 2025, realizado con las Fuerzas Aéreas de Israel junto con las de “Grecia, Estados Unidos, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Francia, España, Montenegro, India, Eslovenia y Polonia.” Nombra el INIOCHOS como una forma de “apoyo a las fuerzas armadas israelíes” mediante “asociaciones militares y maniobras de defensa conjuntas”.

En una cuarta cita del informe, España aparece como uno de los territorios del mundo en los que los trabajadores portuarios han protestado y bloqueado “comercio ilícito”. En respuesta a esas movilizaciones, añade la relatora, “los buques y aeronaves suelen desactivar los transpondedores para ocultar sus rutas; algunos puertos (por ejemplo, Marruecos) han desviado los envíos, y algunas entregas se realizan a través de comerciantes de terceros Estados. Bélgica, España y otros países han trabajado para facilitar este tránsito”.

La relatora de Naciones Unidas pide a los países sanciones y suspensión de todo tipo de relaciones militares y económicas con Israel, incluidos los tránsitos de material que pueda servir a la estructura de ocupación ilegal israelí y otros crímenes.

También recuerda que la Convención sobre el Derecho del Mar permite a los Estados impedir el “paso no inocente” cuando el tránsito de un buque “no está en conformidad con las normas del derecho internacional”, y cuando dicho tránsito podría hacer que el Estado se convirtiera en cómplice de crímenes internacionales o de violaciones de sus obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas“.