El anuncio de Carles Puigdemont de romper de forma irreversible los acuerdos con el Gobierno y pasarse a la «oposición» supone, de facto, la implosión oficial de la legislatura y sitúa al país ante una situación de bloqueo permanente . En el actual contexto la única salida lógica y honrosa de Pedro Sánchez sería disolver el Parlamento y convocar elecciones ante la imposibilidad fehaciente de sacar adelante leyes, pero -no nos engañemos- nada hay más deshonroso que Pedro Sánchez y, en consecuencia, no es descartable que el jefe del Ejecutivo se enroque en la Moncloa, aun a costa de renunciar a gobernar. Nada extraño, por otra parte, en alguien que ha pervertido el sentido de lo que significa gobernar sustituyéndolo por la pura ocupación del poder.

El margen de maniobra de Sánchez es ya ninguno: acosado por los casos de corrupción que planean sobre su familia y su partido, sólo juega a su favor -no es poca cosa- el hecho de que su salida del Gobierno depende todavía de él, porque hoy por hoy no parece viable una moción de censura. Es su única baza, aunque para alguien carente del más mínimo sentido de la responsabilidad  -no nos engañemos- su situación se convierte en un mal menor, porque su única obsesión es la de seguir siendo presidente aunque no pueda gobernar, para seguir teniendo el control sobre organismos e instituciones que le ayuden a hacer frente al calvario judicial que se avecina.

Puigdemont ha esperado hasta el ecuador de la legislatura para romper todos los puentes con el Gobierno y, aunque haya motivos electorales -el auge de Aliança Catalana, entre ellos-, lo cierto es que su decisión consagra una realidad política incuestionable: el PSOE gobierna ya de manera oficial sin apoyos para poder gobernar y sacar adelante leyes de calado en el Parlamento, incluida la ley de Presupuestos. Una situación de parálisis nociva para los intereses nacionales que Sánchez está dispuesto a asumir por puro interés personal.