Junts no cumple por ahora su amenaza y apoya la primera ley del Gobierno que se discute en el Congreso tras su anuncio de ruptura. Los independentistas catalanes han votado este miércoles a favor del dictamen de la Ley de Atención al Cliente, el paso previo para su votación en Pleno. El texto, una iniciativa del ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, había sido negociado durante meses entre los de Puigdemont y el Ejecutivo para incluir, entre otras medidas, que los consumidores de Catalunya, Euskadi y Galicia puedan ser atendidos en sus territorios en las lenguas cooficiales.

“En este texto está la huella de Junts, con la protección del catalán en las enmiendas para que se pueda elegir en qué lengua quieren ser atendidos los clientes en función de dónde se encuentren”, defendió el diputado independentista, Josep María Cruset.

Con 20 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela con algún cambio de última hora. Por un lado, con el voto en contra del PSOE ha salido adelante una enmienda para prohibir las llamadas Spam.

Por esa medida, en adelante las grandes empresas estarán obligadas a usar un prefijo para sus llamadas comerciales y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las llamadas que no usen ese prefijo. Las llamadas comerciales sin consentimiento quedarán prohibidas y los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados.

Además, Junts, ERC y PP han acordado otra enmienda para eximir de la aplicación de la normativa a las empresas comercializadoras de luz, gas y servicios electrónicos que no alcancen una cuota de mercado del 5%.