Mensaje contundente contra el Gobierno de las víctimas del franquismo y las entidades de memoria democrática. Hartas de que las buenas palabras en privado no se traduzcan en acciones políticas, los represaliados por la dictadura han criticado que el Ejecutivo pretenda mantener a la Policía en la comisaría de Via Laietana de Barcelona , sede de las torturas a la oposición durante el franquismo y la transición.

“Es inaceptable”, ha lanzado Pilar Rebaque, miembro de la Plataforma Via Laietana 43, que desde hace 20 años lucha para que la conocida como 'casa de los horrores' franquista sea un lugar de memoria , tal y como ocurre en Buenos Aires con la antigua sede de la ESMA o en Berlín con el centro de tortura y represión a la oposición de la Stasi, la policía política de la RDA.

Las entidades se han mostrado muy críticas con el Gobierno, por iniciar “sin interpelar ni tener en cuenta” a las víctimas del franquismo el proceso administrativo para declarar la comisaría de Via Laietana como “lugar de memoria”. “Esta declaración, sin sacar a la Policía y sin convertir la comisaría en centro de interpretación y la represión es insuficiente y perversa”, ha aseverado Rebaque.

Además de anunciar que ya han presentado alegaciones para que la Policía abandonen Via Laietana, los represaliados y decenas de asociaciones que les apoyan han convocado una manifestación el próximo 23 de noviembre ante el centro para reivindicar que el edificio sea exclusivamente de uso memorial.

La lucha de represaliados y entidades para convertir en museo Via Laietana se ha chocado desde hace décadas con las reticencias de los sucesivos Gobiernos centrales, ya sean del PSOE o del PP. Entre las asociaciones de memoria existía la convicción de que, al tener alineados el Ejecutivo central, la Generalitat y el Ayuntamiento bajo un mismo color político, la cosa cambiaría, pero de momento no ha sido así.

Las tres administraciones socialistas pretenden que el uso policial del edificio conviva con un espacio de memoria, algo que las entidades rechazan. “Una democracia consolidada no se puede permitir que un espacio marcado por la represión mantenga a la Policía”, ha replicado Rebaque.

Las entidades han constatado que las mayores reticencias provienen del Ministerio del Interior que comanda Fernando Grande-Marlaska. “En privado todos nos dan la razón, pero siempre hay un tapón: Marlaska y los sindicatos policiales”, ha denunciado Rebaque.

“No nos vamos a dar por vencidos”, ha advertido Toni Coll, miembro de la Plataforma, que ha arremetido contra la “gran hipocresía del PSOE”, de quien ha lamentado que le “tiemble el pulso a la hora de enfrentarse a la Policía Nacional y a sus sindicatos”.

Las alegaciones presentadas por las entidades ante el Ministerio de Administraciones Públicas y Memoria Democrática reclaman que la declaración como lugar de memoria de la comisaría de Via Laietana “comporte el cese inmediato de toda actividad policial en el edificio”.

En su lugar, inciden las entidades, el edificio “debe convertirse en un Centro de Memoria, con una función pedagógica y de promoción de los derechos humanos”. “Debe ser un espacio para explicar lo ocurrido, para educar en valores democráticos y para garantizar que nunca más se repitan las graves vulneraciones de derechos humanos del franquismo y la transición”, apostillan.

También se reclama que la propiedad tanto del edificio como de sus fondos documentales se transfieran a la Generalitat, y que el período histórico que se reconoce no se limite al franquismo, sino que incluya la transición, porque durante esa época también hubo torturas.

Las entidades solicitan además que en el procedimiento “se dé voz a las víctimas y entidades memorialistas” y que no sea un proyeto “realizado desde los despachos”.