 
RÍO DE JANEIRO (AP) — El número de muertos en una enorme redada policial contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro aumentó a por lo menos 121 personas, informaron las autoridades el jueves.
El operativo comenzó el martes en dos de las favelas de la ciudad, desatando intensos tiroteos que dejaron al menos cuatro policías muertos y un número desconocido de personas heridas.
El número de muertos aumentó de 119 a 121, pero de momento no había más detalles sobre los dos decesos adicionales.
La defensoría pública de Brasil presentó el jueves una solicitud ante el Supremo Tribunal Federal para tener acceso a las pruebas forenses relacionadas con las víctimas policiales. La oficina reportó 130 muertes durante la redada, por encima de las cifras oficiales.
"Los cuerpos de estas personas nos dirán lo que realmente sucedió, y para eso, necesitamos tener acceso a ellos", declaró Rafaela Garcez, defensora pública que encabeza la unidad de investigación.
Organizaciones de derechos humanos han pedido investigaciones sobre las muertes, describiendo el operativo como uno de los más violentos en la historia reciente del país.
La policía declaró que la redada fue resultado de una investigación de un año sobre el grupo delictivo Comando Vermelho (Rojo) que controla el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en las favelas de Complexo do Alemão y Penha. El grupo se originó en el sistema penitenciario de Río y ha expandido su influencia en los últimos años.
Durante la operación, la policía arrestó a 113 personas, incautó 118 armas y confiscó más de una tonelada de drogas, indicó la fuerza.
La violencia interrumpió la vida diaria en los barrios afectados. Las escuelas cerraron, una universidad local canceló sus clases y se utilizaron autobuses para bloquear caminos.
Río ha sido escenario de redadas policiales mortales desde hace tiempo. En marzo de 2005, 29 personas murieron en la región de Baixada Fluminense, que colinda con Río. En mayo de 2021, 28 fallecieron en un operativo en la favela de Jacarezinho.
Sin embargo, la magnitud de la operación del martes no tuvo precedentes. La redada provocó protestas y acusaciones de uso excesivo de fuerza y llamados para que el gobernador de Río dimita del cargo.
El jueves por la mañana, líderes comunitarios en Penha se reunieron en la sede del grupo de derechos humanos CUFA para preparar apoyo legal para las familias en duelo. Muchas tiendas permanecieron cerradas y el ambiente era sombrío.
La operación policial provocó un debate político nacional. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, inicialmente acusó al gobierno federal de no ofrecer asistencia.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, respondió diciendo que no había recibido ninguna solicitud de ayuda. También defendió la aprobación de un proyecto de ley estancado en el Congreso que integraría los sistemas de inteligencia policial estatal a nivel nacional, una medida que los analistas consideran una fuerte respuesta al crimen organizado.
Castro está afiliado al mismo partido que el expresidente Jair Bolsonaro y forma parte de la oposición al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Los opositores de Lula buscaron vincular a su gobierno con la redada. El senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, publicó un video afirmando que Lula había abandonado a Río de Janeiro.
El gobierno envió representantes al estado el miércoles y anunció la creación de una oficina de emergencia para combatir al crimen organizado en Río de Janeiro.
Lula promulgó el jueves una ley que, según el gobierno, fortalece la lucha contra el crimen organizado. La nueva medida criminaliza la conspiración y la obstrucción de acciones contra grupos criminales y aumenta la protección para funcionarios públicos y sus familias, incluidos los jubilados, siempre que estén en riesgo debido a sus deberes profesionales.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, también anunció el jueves por la mañana que un comité del Senado comenzará a investigar la estructura, expansión y operaciones del crimen organizado en Brasil a partir de la próxima semana.
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Gabriela Sá Pessoa reportó desde Sao Paulo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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