"América para los americanos", declaró en 1823 el para entonces presidente de EE.UU., James Monroe. Era un mensaje para las potencias europeas, a las que se advertía que Washington no toleraría más colonizaciones ni "gobiernos títeres" en el continente, que ya en aquellas fechas había considerado como su área de influencia exclusiva.

Menos de un siglo más tarde, esa directriz había ascendido al estatus de doctrina y en 1904 fue complementada con el bien conocido corolario Roosevelt , que habilitaba al país norteamericano a " ejercer   el poder policial internacional en casos flagrantes de tales irregularidades o impotencia", según reza un documento de la Oficina del Historiador del Gobierno de EE.UU.

En la práctica, esto supuso la intervención directa o indirecta de la Casa Blanca en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas y caribeñas por decenas de veces. Aunque el ritmo se ha ralentizado durante el último cuarto de siglo y en general ha adoptado formas menos abiertas que el respaldo a golpes militares y las invasiones armadas, nunca ha desaparecido del todo. Antes bien, en el presente, parece estar tomando nuevos aires bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump. 

"Esa doctrina en los últimos 200 años tuvo muchos cambios, muchos corolarios, muchas interpretaciones y tiene que ver con lo que ellos consideran, un poco despectivamente, como el 'patio trasero', el 'back yard', en inglés. Es decir, la región en la que ellos dominan sin que nadie se pueda meter ", apunta el investigador argentino Leonardo Morgenfeld, autor del libro 'Nuestra América frente a la Doctrina Monroe: 200 años de conflictos', en el que expone los caminos sinuosos de la política exterior de la Casa Blanca para con la región, que, no obstante, convergen siempre hacia el planteamiento monroísta.

En este espíritu, si bien Trump centró sus arengas de campaña en "recuperar" una grandeza estadounidense que dio por perdida a causa de las políticas de sus antecesores, y en prometer que pondría fin a todas las guerras en el orbe, no abandonó del todo las apetencias sobre la región: se focalizó en cuestionar los esfuerzos de las naciones para controlar la migración irregular y el narcotráfico. Eso llevó a pensar, inicialmente, que América Latina no figuraba entre sus prioridades geopolíticas y que no habría sobresaltos ni grandes variantes en su enfoque de política exterior, en comparación con su primera gestión (2017-2021).

Donald Trump en un acto de campaña. Glendale (EE.UU.), 23 de agosto de 2024. Gettyimages.ru

Empero, cuando ya su regreso era inminente, sorprendió con una andanada de pronunciamientos, desiciones y designaciones de impacto para América Latina y el Caribe, que prefiguraron rápidamente una reedición de la Doctrina Monroe bajo el lema 'Make America Great Again' [Hacer a EE.UU. grande otra vez], en medio de una disputa multiforme con otras potencias como China, Rusia o Brasil, que se convirtieron en actores relevantes mientras EE.UU. aparentemente daba por sentada su hegemonía hemisférica.

Designaciones y anuncios

Los indicios de cuál sería la política de Trump hacia América Latina vinieron de la mano con la nominación de Marco Rubio para el cargo de secretario de Estado, de Mauricio Claver-Carone como enviado especial para la región y de Christopher Landau como vicesecretario de Estado, todos representantes de la línea dura ultraderechista y conocidos por su hostilidad hacia los gobiernos de izquierda.

Antes de tomar el cargo en enero pasado, el dignatario manifestó aspiraciones territoriales sobre el canal de Panamá –también sobre Canadá y Groenlandia –, renombró unilateralmente el Golfo de México como 'Golfo de América' y afirmó que su vecino del sur estaba "manejado por cárteles", dicho con el que pretendió abrir la puerta a operaciones extranacionales contra los grupos de delincuencia organizada . Sus expresiones le valieron rechazos y reclamos de los gobiernos afectados o señalados y marcaron el tono que ha caracterizado su segundo mandato.

Asimismo, en sus primeros días al frente del Gobierno, declaró la emergencia nacional para militarizar la frontera con México y controlar el flujo de migrantes irregulares, suspendió la aplicación 'CBP One', que le permitía a migrantes solicitar una cita e ingresar legalmente al país a través de mecanismos especiales; autorizó las deportaciones masivas –calificadas por muchos como ilegales– a terceros países y designó oficialmente a los cárteles como "organizaciones terroristas".

Vista aérea del centro de reclusión 'Alligator Alcatraz'. Everglades, EE.UU., 4 de julio de 2025. Alon Skuy / Gettyimages.ru

Por su lado, el investigador venezolano Franco Vielma añade a esa lista otras medidas posteriores, como la imposición masiva de aranceles en interés de presionar a países como México y Brasil; la criminalización y estigmatización de los migrantes para justificar su detención en recintos cuestionados, como 'Alligator Alcatraz '; la deportación ilegal de 256 venezolanos a El Salvador y la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en favor de la autodeportación.

A ello sumó nuevas coerciones diplomáticas, económicas y políticas contra Cuba y Venezuela, la injerencia abierta en Brasil por el juicio y condena contra el expresidente Jair Bolsonaro, la resurrección de la narrativa de Venezuela como 'narcoestado' y de la acusación infundada de que su presidente, Nicolás Maduro, dirige un cártel (Trump hizo recientemente el mismo señalamiento contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro); la descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el pretexto declarado de combatir a los cárteles de droga, aunque el objetivo evidente, para todos los analistas, sea amenazar a Caracas y, de seguidas, a Bogotá. 

Declaración de intenciones  

"Por muchas razones, algunas justificables, la política exterior estadounidense se ha centrado durante mucho tiempo en otras regiones y ha pasado por alto la nuestra. Como resultado, hemos dejado que los problemas se agraven, hemos perdido oportunidades y descuidado a nuestros socios . Eso se acaba ahora", advertía Rubio en un texto fechado en enero pasado, a poco de emprender su primera gira regional, que lo llevó a El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

En ese mismo escrito, distinguió a los países que "cooperan con entusiasmo" con Washington de aquellos que, a su juicio, no lo hacen, y adelantó que habría represalias para los segundos. "El presidente Trump ya ha demostrado que está más que dispuesto a utilizar la considerable influencia de EE.UU. para proteger nuestros intereses. Si no, que se lo pregunten al presidente [Gustavo] Petro de Colombia", apuntó entonces.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., en Washington DC, el 14 de octubre de 2025. Gettyimages.ru

A ello sumó que, en opinión de las autoridades estadounidenses, la migración masiva había "desestabilizado" toda la región, al tiempo que acusó a los cárteles de "apoderarse" de las comunidades dentro de EE.UU., en las que, en su decir, se dedicarían a sembrar "violencia" y a envenenar a las familias "con fentanilo".

Como cabía esperar, Rubio denostó abiertamente contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que tachó de "regímenes ilegítimos" y responsabilizó de amplificar "intencionadamente el caos".

De igual modo, no olvidó señalar directamente a Pekín , el adversario estratégico más desafiante para Washington. "Mientras tanto, el Partido Comunista Chino utiliza su influencia diplomática y económica, como en el canal de Panamá, para oponerse a EE.UU. y convertir a países soberanos en Estados vasallos", acusó en aquel momento.

Lo dicho por el recién investido secretario de Estado delineaba, en línea gruesa, las pretensiones estadounidenses de retomar el control de América Latina y el Caribe bajo métodos más agresivos , si así lo estimaran necesario. No obstante, si se atiende a la historia reciente, es posible determinar que estos planes no son hechura de la Administración Trump, sino que obedecen a una política de Estado de más largo alcance.

A este respecto son elocuentes las declaraciones que profiriera en enero de 2023 la para entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson , quien en una intervención ante el 'think tank' otanista Atlantic Council definiera el control de los vastos recursos naturales de la región latinoamericana y caribeña como un asunto de "seguridad nacional" para Washington.

Laura Richardson, exjefa del Comando Sur de EE.UU., en una comparecencia ante el Senado. Washington DC, 14 de marzo de 2024. Tom Williams / Gettyimages.ru

"Si hablo de mi segundo adversario en la región, Rusia, me refiero, por supuesto, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que mantienen relaciones con Rusia. Pero, ¿por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y tierras raras , [ella] radica en el Triángulo del Litio, necesario para la tecnología actual. El 60 % del litio del mundo se encuentra en este Triángulo: Argentina, Bolivia y Chile. Además, cuentan con las mayores reservas de petróleo: crudo ligero dulce descubierto en Guyana hace más de un año. También están los recursos de Venezuela: petróleo, cobre y oro", alegó la alta funcionaria.

A ello sumó – utilizando el verbo "tenemos" en controvertido plural – la Amazonía, a la que denominó "el pulmón del mundo", así como "31 % del agua dulce del mundo en esta región". "Es simplemente extraordinario. Tenemos mucho por hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional , y necesitamos intensificar nuestra labor", redondeó Richardson en aquella oportunidad. 

Ciclo de resistencias

Pero así como de los dichos de Richardson se desprende que el intento de 'reconquista' estadounidense de la región latinoamericana y caribeña no es hechura de la nueva gestión de Trump, también es posible colegir que Washington sopesa que ha perdido relevancia en su zona inmediata de influencia , y que tal retroceso debe ser corregido imperiosamente.

Esto se explica en buena medida por el advenimiento del así llamado ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, que surgieron como respuesta al malestar social derivado de las políticas neoliberales del Consenso de Washington, impuestas a buena parte de los países latinoamericanos a través de las conocidas recetas del Fondo Monetario Internacional, luego del ascenso de EE.UU. como potencia hegemónica global tras el fin de la Guerra Fría durante la década de 1990.

No obstante, en 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, esa supremacía comenzó a ser contestada visiblemente junto con Cuba, hasta entonces el único país latinoamericano que desafiaba a la Casa Blanca abiertamente. En un lapso de pocos años, se sumaron a la ola Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Néstor Kirchner y Cristina Fernández (Argentina), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Tabaré Vásquez y José 'Pepe' Mujica (Uruguay), Manuel Zelaya (Honduras), Daniel Ortega (Nicaragua) y Fernando Lugo (Paraguay). 

Hugo Chávez (i), Fidel Castro (c) y Evo Morales en La Habana, Cuba, el 29 de abril de 2005. Sven Creutzmann / Gettyimages.ru

La inusual coincidencia posibilitó, por ejemplo, que en 2005, Washington acusara un revés geopolítico de gran calado: el rechazo al Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA, por sus siglas en inglés), en el marco de la IV Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad argentina de Mar del Plata, a partir de una propuesta que presentaron los países del Mercosur y Venezuela. 

Fue el primer paso de lo que habría de seguir: el fortalecimiento de mecanismos de integración existentes como Mercosur y la fundación de otros , entre los que se cuentan la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Petrocaribe (iniciativa de venta de hidrocarburos venezolanos a bajos precios a naciones del Caribe insular) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Mientras, espacios como la Organización de Estados Americanos (OEA), donde EE.UU. ejercía desde siempre un poder omnímodo, quedaban relegados a la irrelevancia y al ostracismo, al ser denunciados explícitamente como mecanismos de dominio neocolonial y ajenos a los intereses de los pueblos. 

Imagen ilustrativa. Sputnik

Extramuros, China comenzaba su ascenso como potencia global, Rusia recuperaba paulatinamente su posición dentro del tablero internacional y se fundaba el bloque BRICS , compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica y entendido como una alianza económica entre economías denominadas "emergentes" frente al Norte global, y que al tener a uno de sus miembros en América Latina, supuso un viraje paulatino –y creciente– hacia otros mercados fuera de la órbita estadounidense. Según cifras oficiales chinas de 2024, Pekín es el principal socio comercial de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

¿Eterno retorno?

No obstante, en los años subsiguientes, el ciclo progresista acusó agotamiento y las derechas regionales retomaron espacios de poder, mientras que las izquierdas no solo fueron desplazadas por obra de las urnas, sino que Washington apeló a métodos adicionales , ora directamente o por medio interpuesto, entre los que se cuentan golpes parlamentarios (Zelaya, Lugo y Rousseff), 'lawfare' (Correa, Rousseff, Da Silva, Fernández de Kirchner), acusaciones infundadas de fraude electoral (Morales) y sanciones económicas, políticas, diplomáticas y financieras (Cuba, Nicaragua y Venezuela).

Asimismo, tras la derrota del ALCA en Mar del Plata, EE.UU. apostó por la firma de tratados de libre comercio bilaterales, el relanzamiento de la OEA bajo la batuta del excanciller uruguayo Luis Almagro, el afianzamiento de los nexos con gobiernos históricamente afines y  el apoyo explícito a planes sediciosos liderados por oposiciones como la venezolana, la nicaragüense y la cubana.

El exsecretario general de la OEA Luis Almagro en Miami, EE.UU., el 13 de julio de 2022. Jason Koerner / Gettyimages.ru

Este panorama favoreció asimismo el debilitamiento de los mecanismos de integración en la región, que jugaron un papel estelar entre 2005 y 2015, en pos de alianzas efímeras o con escasos avances tangibles, pero diseñadas en función de los intereses contingentes de Washington. La lista incluye el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), la Alianza del Pacífico y el Grupo de Lima.

Al final de este interregno, la balanza acabó inclinándose a favor de la Casa Blanca, pues si bien hubo gestiones que resistieron los embates y asumieron liderazgos progresistas, como los de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, mientras que Lula volvió a ser presidente de Brasil, la articulación regional sufre horas bajas . 

Esto se demuestra en la incapacidad de América Latina y el Caribe para frenar la más reciente arremetida estadounidense y la amenaza contra Venezuela –extendida ahora a Colombia–, presentada ante la opinión pública como una operación antinarcóticos, pese a que por ese espacio geográfico circulan volúmenes muy bajos de drogas, según consta en informes especializados.

Desde otro costado, la Administración Trump ha redoblado la estrategia de 'estímulos' y 'apoyos' a gobiernos ideológicamente afines por medio de variados medios, que no dejan de incluir amenazas directas de imposición de aranceles o abandono diplomático, injerencia en procesos electorales de terceros países   –al tomar partido abierto por líderes o gobernantes derechistas, emprender campañas contra su Justicia, condicionar respaldos económicos a victorias de la derecha– y presiones diplomáticas para favorecer su política de línea dura hacia Caracas, La Habana, Managua y, más recientemente, Bogotá.

Donald Trump (i) junto a su par argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca. Washington DC, EE.UU., 14 de octubre de 2025. Chen Mengtong / Gettyimages.ru

Punto de inflexión

Así las cosas, la región parece estar en un punto de inflexión, donde está en juego la posibilidad de mantener una política exterior soberana , no supeditada a los intereses estadounidenses, frente a la subyugación regional a los designios de Washington, hoy centrados en la expulsión de actores emergentes como China y en el control de recursos estimados estratégicos para su seguridad nacional, como revelara Laura Richardson en un arranque de sinceridad.

En este marco, algunos países de peso regional, como Brasil o México, cuyo comercio está altamente imbricado con la potencia norteamericana, intentan navegar estas aguas procelosas priorizando las negociaciones con la Casa Blanca , al tiempo que cuestionan prácticas abusivas como los arancelazos, la voladura de pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, la criminalización de los migrantes en EE.UU. o los bombardeos de Israel sobre civiles gazatíes, sin que ello se traduzca en enfrentamientos rupturistas con Trump ni en un cierre de filas categórico con las naciones agredidas.

Estas dificultades dejan al descubierto la necesidad de reimpulsar decisivamente los mecanismos de integración regional basados en agendas comunes, al margen de las prioridades estratégicas estadounidenses, aunque ahora mismo no parece haber voluntad política para avanzar por esa senda .

Sobre este asunto, la senadora colombiana María José Pizarro expresó recientemente: "Tenemos que trabajar muy fuertemente en modelos de integración reales, que vayan mucho más allá de una cumbre diplomática, sino que puedan ser espacios para la integración económica, espacios para el debate democrático, para negociar de manera conjunta […]; es decir, la integración latinoamericana , desde los tiempos de [Simón] Bolívar, sigue siendo una deuda pendiente en América Latina".

La evidencia apunta en favor de su opinión: una América Latina desunida es campo fértil para la supervivencia de relaciones con EE.UU. basadas en el comercio desigual, el extractivismo, la subordinación política y diplomática y la postergación de las necesidades de los pueblos, grandes perdedores históricos de los repartos imperialistas. El águila estadounidense ha vuelto con fuerza. Está en manos de los países latinoamericanos y caribeños hacerle frente o dejarla rapiñar a su antojo.

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